“Había que acatar la resolución judicial nos guste o no nos guste”, dijo a ABC Televisión el presidente del Indi, Aldo Zaldívar. Según el titular de la institución, existe una resolución judicial que determina que esas tierras son propiedad privada; por lo tanto, el desalojo debía ser cumplido.

Además, señaló que eran solamente cuatro familias las que estaban allí y que pertenecían a la comunidad indígena que está asentada en Arroyo Guasu, distrito de Itakyry (departamento de Alto Paraná). Según Zaldívar, estas familias se instalaron en el lugar hace un año. Dijo que perdieron contacto con los indígenas que estaban allí; no saben dónde están ni a dónde fueron, afirmó.

“Creo que hay gente detrás que con otros intereses está azuzando esta situación (...) A ver si esta situación se daba (violencia), porque no hay ninguna denuncia formal al respecto, solo hay denuncias verbales, y la gente que está haciendo la denuncia es gente con capacidad, gente muy inteligente que, con seguridad, de haber habido un resquicio, lo hubieran hecho”, indicó.

Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la violencia con que fueron desalojados los indígenas del lugar, con uso desproporcional de la fuerza y, según afirman, se trata de una “violencia estructural y sistemática” que el Gobierno viene desarrollando.