Indi pisotea Constitución

El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, vendió una propiedad ubicada dentro del territorio ancestral ayoreo, pisoteando la misión de la institución y la propia Constitución Nacional.

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En 1996 el Indi adquirió un predio de 25.000 hectáreas, ubicado al noreste de Mariscal Estigarribia, Boquerón por 1.250 millones de guaraníes. Luego de 14 años, la entidad vendió la propiedad por el mismo monto a Julia Beatriz Vargas Meza, oriunda de Ciudad del Este, según constata el protocolo de transferencia.

“Las tierras eran para los guaraní Ñandeve, no era para los ayoreos”, aseguró Quesnel en comunicación telefónica con ABC Color. Sin embargo, los guaraní Ñandeve que no ocuparon el territorio ya que estaba ubicado en zona ancestral de los ayoreo.

En el 2010, los guaraní Ñandeve cedieron el predio adquirido por el Indi al Pueblo Ayoreo, a través de un acta de acuerdo firmado representantes de ambos grupos indígenas. En ese año, con ayuda de la Gobernación de Boquerón y el mismo Indi, la comunidad de ayoreos se estableció en el predio conocido como Cuyabia, que habitaron hasta ahora.

La venta de las tierras en cuestión, concretada en noviembre del 2012 pisotea la misma misión de la institución, que fue creada para “cumplir, garantizar y velar por el fiel cumplimiento de los derechos indígenas, armonizando el mandato legal con la participación de los pueblos indígenas, en forma articulada y coordinada con otras instituciones”.

La Constitución Nacional, en su Artículo 64, establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

Por estos motivos, la comunidad indígena denunció a Quesnel ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, siendo la Fiscal Alba del Valle la encargada de la investigación.

Los representantes legales de la comunidad presentaron también una demanda de nulidad de la transferencia, que perjudica al grupo indígena. Actualmente se aguarda el pronunciamiento del Juez Juan Carlos Molas de la ciudad de Filadelfia.

Quesnel aseguró que la denuncia se debe a que existen “varios intereses” invertidos en la propiedad. Sostuvo también que actualmente el Indi está otorgando 22 títulos de propiedad por día a comunidades indígenas. “Estaría mal que digan por mí que yo vendo, porque yo voy a vender si estoy titulando”, aseguró.

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