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La deforestación es uno de los problemas centrales en nuestro país y quienes más lo sufren son los nativos.
La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), en un comunicado emitido en la fecha, Día del Indio Americano, insta a los candidatos que ganen las elecciones generales, el próximo 22 de abril, a cumplir siete puntos prioritarios para los pueblos indígenas.
Los nativos se unen a la voz de varias organizaciones ambientales del Paraguay que exigen la inmediata derogación del que catalogaron como “decreto maldito” N° 7.702, con fecha de 14 de setiembre de 2017 y que modifica la reglamentación del artículo 42 de la Ley Forestal 422/73.
Esta nueva reglamentación da vía libre a la deforestación total de los bosques, lo que beneficia esencialmente al presidente de la República, Horacio Cartes, quien, semanas después, ya tumbó miles de árboles de su estancia en el Chaco.
Como si le faltara dinero, Cartes se tira contra los montes del Paraguay
“Este pedido lo venimos haciendo en conjunto con otras 17 organizaciones que formamos parte de la coalición #YoVotoPorLosBosques. El decreto 7.702 debe ser derogado porque atenta contra la protección de las reservas legales de bosques naturales y, por ende, contra las políticas ambientales de protección y preservación de los ecosistemas, fundamentadas su defensa y protección por la Constitución Nacional, Ley de Delitos contra el Medio Ambiente y el Plan Nacional de Desarrollo, Convenios, Acuerdos y Declaraciones Internacionales”, reza parte del comunicado de la FAPI.
La FAPI es una entidad que se formó hace 15 años, pero que en los últimos cinco ha centrado su atención en la protección de los bosques y el cuidado de comunidades indígenas que por decisión propia decidieron aislarse.
Entre los otros puntos que requieren respuesta inmediata para los pueblos indígenas del Paraguay, que los gobernantes deberían cumplir a corto plazo, figuran:
“La institucionalización del Derecho a la Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI). La FAPI, junto a organizaciones indígenas del Paraguay, han construido participativamente una propuesta de protocolo para un proceso de consulta con pueblos indígenas. Este documento fue entregado al Indi en noviembre del 2016 y hasta la fecha no se ha definido su institucionalización a través de un Decreto del Ejecutivo”, reclaman.
Además, exigen un “Plan Nacional de Acción para Pueblos Indígenas” y la “reparación y reconocimiento por parte del Estado paraguayo del derecho territorial de la Comunidad Sauce Pueblo Ava Guaraní, del Sub-grupo Paranaense, que fuera desalojada de parte de su territorio tradicional el 30 de septiembre del 2016”.
Otra parte de la extensa nota expresa: “Solicitamos a los candidatos el compromiso de velar y garantizar los derechos territoriales del pueblo mbya guaraní sobre el Tekoha Guasu e iniciar un proceso de reparación justa para las comunidades que fueron afectadas por el embalse de la represa Yacyretá”.
Igualmente, “a los candidatos les pedimos el compromiso de velar y garantizar los derechos territoriales, ambientales y culturales de los ayoreo totobiegosode en contacto inicial y en aislamiento. El proceso iniciado con la Petición 850-15 requiere de la definición de medidas de protección y restitución territorial que resguardaría a los indígenas ayoreos no contactados y evitaría la acelerada deforestación de los bosques de sus territorios”.
Por último, solicitan efusivamente “el compromiso de emprender las acciones necesarias para dar cumplimiento pleno y efectivo de las tres sentencias y velar por los derechos colectivos e individuales de tres comunidades indígenas: Yakye Axa (2015), Sawhoyamaxa (2006) y Xákmok Kásek (2010), y a través de ellas, a los de las comunidades y pueblos indígenas del país, con las políticas públicas que garantizan el desarrollo de mecanismos rápidos para la restitución de tierras y territorios de pueblos indígenas del Paraguay”, finaliza el comunicado.