De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el monto de la licitación asciende a G. 1.021.074.984, que representan G. 113.452.776 por cada beneficiario. El llamado tiene el ID 327667.
El seguro médico prevé, entre otras llamativas cosas, una "cobertura total" a la que la gran mayoría de los paraguayos ni sueñan acceder, tales como honorarios médicos, gastos sanatoriales y estudios; diagnósticos por enfermedades o eventos relacionados con cardiocirugía, neurocirugía, cirugía vascular periférica, cardiología intervencionista, nefrología, oftalmología intervencionista.
Además, radiología intervencionista, oncología clínica, cirugía oncológica, cirugía torácica, politraumatizado, intervención psiquiátrica por eventos agudos y cirugía láser (no estética).
La cobertura además comprende honorarios médicos, internación por evento quirúrgico: cirujano, ayudantes, instrumentador, monitoreo clínico intraoperatorio, anestesiólogo, hemoterapeuta, médicos interconsultores.
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Asimismo, internación en terapia intensiva: terapista, médico de guardia de la unidad, enfermería de guardia de la unidad e interconsultores, a solicitud del terapista.
Igualmente, contempla medicamentos en internaciones clínico-quirúrgicas, materiales descartables en internaciones clínico-quirúrgicas, estudios diagnósticos y análisis de laboratorio, anatomía patológica, incluyendo biopsias extemporáneas, radioterapia, acelerador lineal, quimioterapia, entre otros varios servicios.
Este nuevo esquema (casi ofensivo) de privilegios para estos altos funcionarios del Estado surgió este año, a través del cual los ministros de la Corte buscan echar manos al dinero público para cubrir costosos servicios de salud, a pesar de sus millonarios ingresos, con los que podrían costearse un seguro médico.
De acuerdo a la Nómina de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, accesible a través del portal de la institución, a octubre de 2017 Luis María Benítez Riera, titular de la Corte Suprema de Justicia, percibió un salario G. 46.462.583. El ministro Miguel Óscar Bajac Albertini cobró G. 43.942.583; Antonio Fretes recibió G. 43.942.683.
Por su parte, José Raúl Torres Kirmser cobró G. 43.284.723; Sindulfo Blanco hizo lo propio con G. 40.271.529; César Garay Zuccolillo, G. 40.2171.529; Miryam Peña Candia, G. 40.271.529; Alicia Pucheta, G. 40.271.529, y Gladys Bareiro de Módica, G. 39.771.529.
Cabe aclarar que estos ingresos son la sumatoria del salario básico, gastos de representación, bonificación por responsabilidad en el cargo, bonificación por grado académico y antigüedad.
Inmenso contraste
Lo triste de este caso es el inmenso e injusto contraste para el ciudadano común, que para una consulta debe madrugar, si cae enfermo debe despojarse de lo poco que tiene (si tiene) o recurrir a polladas o cualquier actividad recaudatoria para tratar de cubrir sus gastos de salud en caso de enfermedad.
Todo esto sucede muy a pesar del mal desempeño (por no decir pésimo) del Poder Judicial en general y de la máxima instancia judicial del país, cuyos miembros no es que estén gozando de las mejores referencias en nuestra sociedad y ni qué decir en el exterior.