La fiscala general, Sandra Quiñónez, dispuso esta auditoría mediante la Resolución Nº 2216. El documento señala que esta medida “permitirá evaluar el rendimiento de los agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público”. El objetivo es mejorar el funcionamiento de la institución, según la resolución.
“La inspección comprenderá el control cualitativo y cuantitativo de las causas, los estados procesales, las evidencias existentes, el ingreso de datos de causas en el sistema informático y el cumplimiento de instructivos y resoluciones de la Fiscalía General”, resalta el documento.
La auditoría estaba prevista para el 28 de mayo. Sin embargo, comenzó oficialmente este lunes. Una comitiva de funcionarios de la Auditoría de Gestión Fiscal se instaló en la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este, bajo la coordinación de la fiscala adjunta, Gilda Villalba. También fueron comisionados seis relatores fiscales de la Dirección de Gabinete fiscal. Los fiscales cuyas gestiones serán auditadas están obligados a colaborar.
Los miembros de la comitiva se negaron a dar declaraciones a la prensa. Consultado sobre la auditoría, el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Ricardo Merlo, se limitó a anunciar que mañana dará una conferencia de prensa para brindar información sobre el procedimiento.
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