Lo acompañó el presidente del Cones y rector de la Universidad Católica, Michel Gibaud y otros miembros del consejo.

En la oportunidad, Brítez sostuvo que la ley Nº 4.995/13 define que todas las autoridades quedan cesantes mientras dure esta medida, pero en la práctica solo el rector será separado del cargo.

Explicó que la autoridad máxima es ahora el interventor, pero necesitará del auxilio de los decanos dentro de la gestión. Afirmó que si alguno de ellos se niega a colaborar o no actúa como corresponde, ya sea escondiendo documentos o dificultando la labor, también será separado del cargo.

La medida fue tomada el pasado 30 de mayo a partir de la denuncia de unos alumnos de Ciencias Agrarias que protestaban por el cierre arbitrario de su Facultad y la habilitación irregular de otra unidad académica y una carrera.

El interventor indicó que hay un equipo de 15 personas que va a estar realizando las tareas de investigación en las diferentes áreas y que se instalará en la universidad.

La intervención tendrá una duración máxima de 6 meses, periodo en el cual se garantiza la normalidad de las clases en la UNVES.

El presidente del Cones, Michel Gibau, indicó que la principal área de investigación será la académica y luego de la intervención se brindará una serie de recomendaciones.

Sostuvo que no le corresponde juzgar, pero aclaró que si saltan evidencias de nepotismo, por ejemplo, serán remitidos los informes y antecedentes del caso a la Secretaría de la Función Pública.

En el caso de irregularidades administrativas, se informará a la Contraloría General de la República y si detectan indicios de delitos se realizará la denuncia ante el Ministerio Público.

Esta es la primera intervención que se realiza en una universidad conforme a la nueva Ley de Educación Superior.