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Luego de cinco años al frente Indert, Justo Pastor Cárdenas, logró un multimillonario crecimiento patrimonial, que ha sido objeto de investigaciones periodísticas por nuestro diario, y por la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, del Ministerio Público.
A pesar de la avasallante cantidad de pruebas documentales y la intervención fiscal, la causa continúa en “estado de investigación, sin imputación”. La misma fue comunicada al Poder Judicial el día 3 de noviembre de 2017.
Además de Justo Pastor Cárdenas Nunez, son investigados sus hijos Allan Cárdenas Rodríguez, Justo Pastor Cárdenas Pappalardo y María Alexandra Cárdenas Pappalardo. Igualmente estuvo incluida inicialmente la madre del exfuncionario, Elisa Nunes Vda. de Cárdenas, quien falleció tras el inicio de las pesquisas.
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De acuerdo con los datos del Ministerio Público, forma parte de las líneas investigativas, por ejemplo, la adquisición de la empresa denominada Agroindustrial Ganadera (JPC SA), dedicada al rubro de la agricultura y la ganadería, en la cual la familia tiene acciones por G. 3.050 millones, y donde el único socio que no es parte de la familia es Miguel Yegros, quien posee acciones por valor de G. 950 millones.
Conforme con las investigaciones fiscales, Justo Pastor Cárdenas Nunes es propietario de 160 acciones en Agroindustrial Ganadera JPC S.A., que equivalen a un monto total de G. 1.600 millones. Además, Elisa Nunes de Cárdenas (+) era dueña de 80 acciones, por valor de G. 800 millones.
Por su lado, Justo Pastor Cárdenas Pappalardo es “propietario” de 25 acciones, por valor de G. 250 millones; María Alexandra Cárdenas Pappalardo, de 20 acciones, por valor de G. 200 millones, y Allan Israel Cárdenas Rodríguez, de otro 20 acciones, por valor de G. 200 millones.
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Siempre de acuerdo a los datos de los investigadores fiscales, la familia Cárdenas también tiene acciones en la empresa MS Servicios y Tecnología S.A., cuyos valores totalizan de G. 750 millones. Asimismo, figuran como compradores de varios de vehículos, tales como camionetas, automóviles de alta gama y un tractor, por un total de G. 1.114 millones. Asimismo, Justo Cárdenas y su hija María Alexandra Cárdenas Pappalardo figuran como adquirentes de varios inmuebles en Asunción, por un total de G. 1.292 millones.
Fiscalía ha corroborado las millonarias “inversiones” realizadas por Justo Cárdenas, a través de un allanamiento de su estancia en Pirayú, realizada ayer. La intervención forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La comitiva fiscal estuvo encabezada por la agente Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, quien hace un mes lleva la causa relacionada al repentino incremento patrimonial del extitular del Indert.
La gente fiscal afirmó que el objetivo fue verificar el lugar, a fin de constatar si existen construcciones, plantaciones y de qué tipo, animales, vehículos. A los efectos de hacer un cruce con los proporcionados por los Registros Públicos y Automotores, Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal), etc.
“Después se harán las tasaciones del inmueble con peritos, pero primero teníamos que saber qué había y de acuerdo a ello, pediremos las pericias más adelante”, explicó la fiscal Fuster, en conversación con ABC.
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En el operativo se observaron plantaciones de eucaliptos clonados, implantados con el sistema silvopastoril, que según los referentes del rubro que fueron consultados por ABC TV, se cotizan entre US$ 2.000 y US$ 2.500 por hectárea. Según imágenes tomadas de Google Earth, los eucaliptales están en al menos 500 hectáreas.
Asimismo, la Fiscalía relevó datos de la vivienda principal de la estancia, casa del personal y galpones, quincho, pozo artesiano, corral con embarcadero y alambrado perimetral.
Por otra parte, y de acuerdo a las investigaciones periodísticas, el veloz y sospechoso aumento patriomonial de Justo Cárdenas tendría su origen, entre cosas, en un proyecto que costó US$ 20 millones del dinero público, para la construcción de pozos artesianos para campesinos de muy escasos recursos.
Según los antecedentes, este proyecto fue ejecutado a través de organizaciones no gubernamentales que se encargaron de contratar a las empresas (de los amigos del Gobierno de Horacio Cartes) de forma directa, sin ningún llamado a licitación. Algunos de estos pozos funcionaron, pero muchos otros fueron un verdadero fracaso.
De corroborarse plenamente el delito de enriquecimiento ilícito, la expectativa de pena es de 10 años, considerando que el expresidente del Indert no pude justificar todo lo que ha amasado en estos cinco años, con un salario oficial de G. 32 millones (menos de US$ 6.000).