Al respecto, el abogado Diego Rotela, asesor jurídico de la comuna, quien presentó la acción contra personas innominadas, explicó que para ellos es evidente que fue un daño causado de forma externa y no causado por algún evento climático.
El profesional solicitó igualmente al Juzgado de Lambaré autorización para realizar los trabajos de reparación, dado que este había ordenado anteriormente, a instancias de la Fiscalía, la suspensión de toda actividad en el puente.
El asesor de la comuna lambareña advirtió que la reparación es urgente, teniendo en cuenta el peligro que corre la gente al cruzar sobre un puente ahora sin baranda, y que también puede sufrir un derrumbe.
Por su parte, el intendente de Lambaré, Armando Gómez, sospecha de un sabotaje en el caso del desmoronamiento de una parte del muro de contención del puente. “Yo creo que eso se hizo adrede porque no hubo ni una lluvia grande la semana pasada para que se resquebrajara”, expresó.
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Precisamente, el intendente lambareño soporta un proceso judicial por lesión de confianza, por una supuesta sobrefacturación de G. 600 millones en la reparación del citado puente. La fiscalía, inclusive, había solicitado restricción de ingresar a la Comuna.
Según los antecedentes, para el recalce del puente con piedra bruta colocada y estructura de hormigón armado, la Comuna previó G. 914.893.000.
La empresa Clase A, de Orlando Andrés Sosa, fue la adjudicada por la vía de la excepción para la reparación mencionada. Sin embargo, Clase A subcontrató a las empresas Las Primas, Coinser y Mármol.
Según la imputación fiscal, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República constataron las irregularidades denunciadas.