Este municipio del departamento de Canindeyú cuenta con dos camionetas Chevrolet S10, de las cuales solo una realiza largos recorridos y la otra es usada para movilizarse dentro del municipio porque tiene desperfectos, indicó el intendente Julio César Brítez.
Precisamente el viernes 17 de octubre, un día después del asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina y de la estudiante de informática Antonia Maribel Almada, una camioneta de la Comuna de Katueté fue hasta la casa de la diputada colorada Cristina Villalba, vinculada al intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, prófugo de la justicia sospechoso de ser el autor moral del doble asesinato.
Brítez rechazó categóricamente que este vehículo se haya prestado a maniobras de encubrimiento del jefe comunal y de esa manera facilitar su huida, pero llamativamente explicó que esa mañana, cerca de las 9:00, su secretaria personal y un chofer fueron hasta la vivienda de la legisladora a fin de entregar un petitorio para que sea enviado al Poder Ejecutivo, para colaborar con un proyecto edilicio para este distrito.
La diputada Villalba reconoció que Vilmar Acosta la llamó ese mismo viernes, para supuestamente buscar consejo sobre qué hacer. La legisladora afirmó después que comunicó lo dicho en la llamada al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. “Estamos construyendo un lugar para retiro y pedimos la colaboración del Ejecutivo, incluso la nota que tengo en mi mano tiene la firma de la diputada. La camioneta estuvo en su casa pero al solo efecto de entregar el documento; la otra camioneta ni siquiera sale del municipio”, justificó Brítez.
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Al mismo tiempo, dijo que el relacionamiento con Vilmar Acosta Marques, actualmente buscado por ambos asesinatos, era prácticamente nulo: “No tengo ni su número de teléfono, tampoco aparecía en las reuniones, porque se sabía que tenía problemas. Si se realizaban tres reuniones entre intendentes, él aparecía en una. Poco y nada llegué a conversar con él”, afirmó.
Desde su irrupción en las esferas políticas en Canindeyú, como gobernadora y luego como diputada, Cristina Villalba ha construido una compleja red de influencias, sobre todo en las intendencias que componen este departamento, que en los últimos años se ha caracterizado por ser una zona de predominio de cultivos de marihuana y de bandas delictivas que lucran a través del comercio ilegal de esta droga.
ABC Color intentó comunicarse con la diputada, pero las reiteradas llamadas no fueron atendidas.