También plantean demandas

El intendente de Tobatí, Dan Alberto González (PLRA), respondió a la titular interina de Opaci, quien afirmó que los que quieran renunciar a la ONG deben “pagar sus deudas”. El jefe comunal insinuó una demanda por apropiación de bienes municipales.

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María del Carmen Benítez, titular interina de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), respondió a los 41 intendentes liberales que el sábado pasado decidieron renunciar a la organización. Benítez, quien también es intendenta de Ybycuí, exigió a sus pares del PLRA que paguen sus “millonarias deudas” con la Opaci antes de salir.

En referencia a esto, el intendente de Tobatí, Dan Alberto González (PLRA), uno de los primeros que anunciaron su renuncia a la entidad, comentó que también los intendentes liberales se plantean demandar a la Opaci por “apropiación ilegal de los bienes municipales”. “Tenemos nuestras demandas que hacer por apropiación indebida de bienes municipales. Lo que se recauda pertenece a los municipios. Uno tiene que ser libre de pertenecer a la asociación que quiera”, manifestó González en conversación con radio ABC Cardinal.

En otro momento, González dudó de la legalidad del mandato de María del Carmen Benítez. “No es tan válida la presidencia de la señora. Las asambleas fueron siempre a puertas cerradas”, opinó. El trasfondo del caso refiere a que la Opaci está comandada por los jefes comunales colorados. Tras la renuncia de Ricardo Núñez (ANR) aduciendo problemas de salud –aunque también confesó que fue por el reproche público– asumió su correligionaria, sin dar espacio a los azules.

El sábado pasado, los intendentes liberales que resolvieron en masa retirarse de la Opaci basan su postura en la autonomía y autarquía municipal establecidas, en varios artículos de la Constitución, entre ellos el 170, que estipula que “ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades”. Solo el año pasado, recaudó G. 41.000 millones en concepto de prestación de servicios a las comunas, como el manejo de una base de datos para la expedición de carnés de conducir, por el cual la ONG cobra a cada contribuyente G. 20.000 por la emisión y renovación del plástico, y por la retención de un impuesto por la transferencia de inmuebles. La contraprestación real de la Opaci no se conoce.

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