Indígenas y empleados del empresario sojero, Plinio Pereira, casi llegaron a un enfrenteamiento cuando cuatro policías y algunos peones quisieron impedir el ingreso a un grupo de indígenas y pobladores al asentamiento indígena Makutinga, donde existe un litigio por el inmueble.  Fue durante una visita de inspección que realizó la asesora legal del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Cynthia González.

La funcionaria llegó hasta el asentamiento de los nativos mbya guaraní Makutinga a los efectos de observar el estado de situación de los mismos, en el marco del conflicto legal por la titularidad de las tierras, definidas como asentamiento ancestral de los nativos, y el empresario Plinio Pereira, quien reclama la propiedad de una fracción de 443 hectáreas en el mismo lugar.

Los encargados de la seguridad en el lugar, compuesta por una dotación de cuatro policías y algunos empleados civiles de Pereira, intentaron impedir el ingreso al inmueble a unas 300 personas, entre nativos guaraníes y vecinos de la comunidad, que acompañaban a la funcionaria, lo que dio lugar a forcejeos que por poco termina en un enfrentamiento, pues los nativos están armados de flechas y garrotes.

Finalmente, los nativos destrozaron los candados y los alambres de púa puestos por orden de Pereira, y un portón de madera que cerraba el paso.

El hecho fue calificado como una agresión y coacción por parte del asesor legal de Pereira, Manuel Patiño, quien anunció que demandará a la funcionaria del Indi por atropello a una propiedad privada. Se trata de un terreno de 403 hectáreas, identificado como HO2-2920, distrito de Carlos Antonio López.

Por su parte, la asesora legal del Indi sostuvo que el inmueble de 763 hectáreas, identificado como finca 632, es la comunidad Makutinga, y está titulado a nombre de la institución que defiende los derechos de los indígenas.

La asesora del organismo gubernamental estuvo acompañada de la intendenta del distrito, Gladis Rivarola (PLRA), varios concejales municipales, las concejales departamentales Luisa Salapata (ANR) y Mirta González (PLRA), y la abogada Lucía Rettori, asesora legal independiente de la Junta Departamental de Itapúa.

Ayer debió iniciar la cosecha de unas 60 hectáreas de soja y su posterior depósito judicial, ordenado por la jueza, Julia Rosa Alonso Martínez, quien entiende en la causa denominada “Antoliano Sánchez c/ Instituto Paraguayo del Indígena y otros s/ nulidad de acto jurídico”, que se tramita en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del quinto turno de la Capital.

Tanto Pereira como los nativos afirman que la soja sembrada en el inmueble les pertenece. Son alrededor de 260 hectáreas, de las cuales 60 ya están listas para la cosecha ahora, a riesgo de que se echen perder.

Esta es mi siembra, sostuvo Pereira, quien asegura que existen algunos “poderes ocultos” en el Ministerio del Interior que buscan quedarse con sus granos, pero no quiso identificar a nadie en particular.

Los nativos, por su parte, sostienen que el cultivo les pertenece, y que fue cultivado en asociación con un productor de la zona, César Núñez.

Una tensa calma reina ahora en el lugar, a la espera de que se cumpla la orden judicial de cosecha de la oleaginosa.