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17 de Abril de 2018 11:59

 

“Desaparecieron” los ahorros de los presos

Internos de la Penitenciaría de Nacional Tacumbú y hombres que recientemente recuperaron su libertad denuncian la desaparición de sus ahorros, que habían sido depositados en una cooperativa fundada por fiscales y jueces.

La denuncia radicada ante la Fiscalía está promovida por 17 presos y cuatro hombres libres que participaron de programas laborales de reinserción social en el Pabellón Esperanza. Sostienen que no pueden acceder a los depósitos realizados en sus cuentas en la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Trabajo, Consumo, Producción y Servicios Padre Juan Antonio de la Vega (COPAJAV), creada por fiscales y jueces y que está cerrada actualmente.

Lea más: La cooperativa de los reclusos

“Nadie se interesa por ellos”, dice el abogado Salustiano Ortiz, quien representa a los 21 denunciantes. Señaló que informó de la situación al director de la Penitenciaría, Luis Villagra, y al director de Institutos Penales, Víctor Servián, pero nadie hizo nada al respecto.

El caso se inició cuando uno de los denunciantes, que ganó su libertad, intentó retirar los ahorros que hizo gracias a los programas laborales: más de G. 15 millones. Se cree que otros internos tienen sumas similares, pero, a falta de documentos, esto es difícil de precisar, dijo el abogado. Al iniciar el rastreo de la cooperativa, se dieron cuenta de que esta dejó de funcionar a mediados de 2016.

Muchos señalaron que los depósitos de los internos que no estaban asociados a la cooperativa se hacían a nombre de un funcionario de la penitenciaría, José María Martínez, sin recibir a cambio un solo documento que avale la existencia de dichos depósitos o estados de cuenta para conocer cuánto era depositado a favor de cada persona.

Los denunciantes solicitan que se investigue el manejo de la cooperativa y el destino de este dinero, ya que denuncian que muchos no autorizaron que los depósitos sean transferidos de sus cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a la cooperativa en cuestión.

Cooperativa, intervenida

El fiscal Blas Imas, uno de los socios fundadores junto a las juezas de Ejecución Ana María Llanes y Lourdes Scura, entre otros, dijo a este diario que la cooperativa fue creada para mejorar la calidad de vida de los internos especialmente, pero la membresía estaba abierta también a personas fuera de la cárcel.

Fue fundada en 2011 como parte de las actividades del Bicentenario de la República y en su mejor momento llegó a tener 800 socios, aunque no contó con el acompañamiento del Ministerio de Justicia, pese a estar dirigida a internos beneficiarios de programas remunerados de reinserción. 

La entidad empezó a verse afectada por la cantidad de créditos que eran entregados pero no podían ser cubiertos por los socios. Imas reconoció que intentaron salvar la liquidez de la cooperativa, pero, sin el acompañamiento del Estado, esto fue imposible.

A mediados de 2016, fue intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo, ente regulador de las instituciones cooperativas del Paraguay. Actualmente, sigue bajo intervención.

Scura se comunicó con este diario y manifestó que nunca formó parte de la cooperativa.

 
 

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