Con esta sentencia, se acabaron las instancias de apelación, por lo que todo aquel que desee ingresar a la institución de formación policial deberá aprobar en los exámenes, que ya se reanudaron tras el escándalo, informó Perla Silguero, periodista de ABC Cardinal.

En total, 262 aspirantes interpusieron medidas judiciales con el fin de que sus resultados en el primer examen sean tenidos en cuenta para ingresar, pero dichas pruebas fueron anuladas tras la detección de irregularidades.

Tras culminar las investigaciones fueron expulsados ocho aspirantes y cinco más que estaban en la mira fueron eximidos de culpa, por lo que fueron nuevamente habilitados para rendir.

Los interventores concluyeron que las respuestas de los exámenes de ingreso se vendían por montos que van desde G. 2 millones hasta G. 5 millones, aunque algunos padres dijeron que llegaban hasta G. 20 millones “según la cara del cliente”.