El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) posee un título de propiedad que lo califica como dueño de las tierras en disputa, pero también la firma Impasa tiene un título de propiedad, dijo Zaldívar a ABC Cardinal. Acotó que los problemas sobre el inmueble datan del año 2009.

Aseguró que no fue la Policía la responsable del brutal desalojo, sino civiles, alrededor de 15 hombres armados que responden a las pretensiones de la citada firma y que llevaron a cabo la expulsión de nativos.

Explicó que uno de los líderes de esa comunidad llegó a un acuerdo con la empresa, cuyo gerente es Roberto de Souza, y abandonaron el sitio con unas 20 familias, pero otras varias no aceptaron retirarse, por lo que fueron expulsadas.

“Ese acto de entrega del líder de su comunidad es ilícito; no son tierras privadas sino comunitarias. Ninguna de las familias fue consultada. Ese pacto realizado fue nulo al no poder las comunidades indígenas transferir una propiedad comunitaria”, aclaró.

Esta mañana, el Indi y el Ministerio de Educación denunciarán el caso, que ya está siendo investigado por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Fiscalía.