Los ocupantes se resistieron a abandonar el lugar y pidieron la orden judicial de desalojo a las autoridades del Ministerio Público, que llegaron después de la Policía. Alegaron que nunca fueron avisados. El operativo comenzó alrededor de las 6:30 de este jueves.
La Policía informó que en el lugar había 200 familias, pero la municipalidad local dijo que solo había 44. Al respecto, el intendente de Itauguá, Miguel Meza, ofreció a los desalojados un lugar en el asentamiento Vy'a Renda de Potrero Guazú.
Enrique Gómez, asistente de la fiscala Milena Basualdo, encargada del caso, dio una hora de tiempo a los supuestos invasores para dejar el sitio. Alegó que esto se produjo después de un proceso en que se comprobó que las tierras pertenecen a una “persona privada”, cuyo nombre no quiso revelar en conversación con ABC TV. Según la Comuna, el dueño de las tierras es Manuel Manfresh, quien pidió el desalojo con otra persona de nombre Artemio Ayala.
Pese al plazo de una hora que dio la Fiscalía, uno de los policías encargados del operativo dio a los agentes la orden de entrar al lugar. En ese momento, los presuntos ocupantes empezaron a sacar sus pertenencias de las precarias viviendas que se construyeron dentro de los terrenos.
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Una de las mujeres afectadas dijo que recibió “la promesa del viceministro del Interior” de que no iban a ser desalojados. “Acá hay muchas criaturas, más de 300 criaturas, hay 105 mamás solteras. Nos prometió que no nos iban a tocar el viceministro del Interior, nos prometió que no iba a hacer nada. Que den la cara la gente (...) No sé qué vamos a hacer; vivo con mi hijo”, expresó.
La mayoría de las personas entrevistadas por ABC TV provienen del departamento de Paraguarí, de lugares como Caballero o Carapeguá, y dijeron que no pagaron nada a nadie para permanecer en el lugar.
Patricia Meza, corresponsal de ABC Color en la zona, informó que supuestamente la persona que llevó a las familias a ese sitio es María Dolores Chávez, quien no fue imputada ni estaba en el lugar. Los ocupantes insisten en que no pagaron nada para ir hasta allí.
El predio invadido, de unas tres hectáreas, está al lado de un terreno social de la Comuna de Itauguá. Los propietarios del inmueble afectado no desean negociar una venta. En el sitio hasta hay servicio de agua potable, energía eléctrica y un camino abierto por la municipalidad local.