Los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal insisten en que la actualización de los haberes jubilatorios está establecida en el artículo 103 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, el gobierno debe cumplir con esta disposición.

Vidal Benítez Alarcón y Blas R. Chamorro, miembros de la Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Programa de la Administración Central (Fundajubi), visitaron la redacción de ABC Color a fin de reiterar posturas y rechazar las afirmaciones del ministro de Hacienda.

Explicaron que solicitan una actualización de los haberes y no una equiparación, como dicen las autoridades de Hacienda para “tratar de confundir con declaraciones negativas y falsas”.

Chamorro puntualizó que la actualización es una figura contemplada en la Constitución y Alarcón, que su implementación implicará que los haberes jubilatorios se igualen a los sueldos de los funcionarios activos.

El ministro López, en declaraciones a ABC TV la semana pasada, calificó la equiparación como una “bomba de tiempo termonuclear” porque demandará mucho dinero y permanecerá en el tiempo.

Sobre este punto, los exfuncionarios aseguraron que el financiamiento de la actualización se hará con los recursos propios del sector superavitario de la Caja Fiscal (funcionarios, docentes universitarios y magistrados judiciales) y que la medida es totalmente sustentable y sostenible.

Alarcón indicó que los estudios que realizaron indican que costará unos G. 15.970 millones al mes, que irán al mercado de consumo y ayudará a la reactivación por su impacto positivo en la economía que hoy necesita de mucha inyección financiera.

Admiten que la actualización hará que el superávit mensual de la caja del sector de los referidos sectores se reduzca, por ejemplo de un 48% que se tiene hoy a 27%, pero que el total va a seguir en aumento y de ningún modo se llegará a un saldo rojo.

Los miembros de Fundajubi insistieron en que el gobierno debe conceder la actualización de haberes para los sectores superavitarios y que esto ayudará a la reactivación económica.

Además, proponen desmantelar esa forma de administrar el dinero de los jubilados, incorporando tecnología para la búsqueda de transparencia.

Finalmente, los jubilados pidieron que la autoridades hablen con más claridad, no con declaraciones e informes que no se ajustan a la realidad porque confunden a la ciudadanía.