Oscar Alfonso, miembro del Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, conversó con radio ABC Cardinal y explicó que la defensa en este caso no es solo hacia Blanco, sino por el cargo que representa. Sindulfo Blanco está imputado por prevaricato por supuestamente favorecer a una de las partes en un caso.

Alfonso argumentó que bajo el criterio usado ahora por el Ministerio Público, cualquiera podrá cuestionar la decisión de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. “Al ministro Blanco le imputan por un fallo. La Corte Suprema de Justicia es la última instancia. Se está quebrantando el Estado de Derecho. Se constituye una cuarta instancia que no sirve. Si aceptamos esto nos sometemos a la dictadura del Ministerio Público”, afirmó Alfonso este jueves.

Lo que piden los jueces asociados para el proceso es la destitución de parte del Congreso, a través de un juicio político, y luego una imputación. Piden primero la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y luego la justicia.

El artículo 255 de la Constitución Nacional es claro y categórico al afirmar que “ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”, sostiene el gremio de jueces al señalar que quienes promovieron la imputación contra el alto magistrado ignoraron esta norma.

La Asociación de Jueces del Paraguay emitió un comunicado defendiendo a Blanco. En él, escriben que “ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”. La imputación contra el ministro de Corte atenta contra la inmunidad de los magistrados judiciales y posibilita el hostigamiento de los jueces por sus actuaciones en procesos ordinarios, señalan los documentos emitidos por quienes se declararon en sesión permanente.

En diciembre del 2014, Sindulfo Blanco y el entonces ministro Víctor Núñez cometieron el delito de prevaricato, como integrantes de Sala Penal de la Corte Suprema, al admitir en forma ilegal un recurso de casación presentado ante la máxima instancia judicial, según la imputación.

A pesar de que la ley lo prohíbe, Blanco y Núñez admitieron el recurso de casación contra una la resolución de segunda instancia que no puso fin al proceso sino ordenó la realización de un nuevo juicio oral, dijeron los fiscales que firmaron la imputación.

La investigación se abrió ante la denuncia presentada por Peter Kennedy, quien acusó a Blanco y a Núñez de admitir ilegalmente un recurso de casación, en contra de una sentencia de segunda instancia por la cual anuló un juicio oral en donde fue condenado por apropiación.