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El padre Robadín había sido imputado por estafa y lesión de confianza, debido a que supuestamente vendió tierras en Capiatá a una comunidad pobre sin haber sido el propietario.
Las tierras se embargaron y remataron, razones por las cuales los afectados denunciaron en su momento al sacerdote.
La fiscala Elsa Ydoyaga no encontró pruebas suficientes para acusarlo, por lo cual pidió el sobreseimiento definitivo para el sacerdote con permiso.
La jueza de Capiatá, Norma Salomón, lo sobreseyó definitivamente. Comunicó la decisión a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior.