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Jueza prohíbe a intendente ingresar a oficina de finanzas

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SAN ANTONIO. La jueza de Garantías de la ciudad de Lambaré, Ana Esquivel, resolvió, a través del Auto Interlocutorioo, prohibir al intendente reelecto de este distrito, Raúl Isaac Mendoza Ramos (PLRA), ingresar a la oficina administrativa y de finanzas.

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El jefe comunal tiene restringido también la salida del país, portar arma de fuego, cambiar de domicilio, de número de teléfono. Además se le fijó una fianza real sobre el inmueble con cuenta corriente catastral Nº 27-376-05 por G. 800 millones y otro sobre la propiedad con cuenta corriente catastral Nº27-0012-12 por valor de G.1.200.000.000 con embargo preventivo.

Además se impuso una fianza al abogado defensor Meneleo Insfrán Riveros por la suma de 250 millones de guaraníes y tiene que comparecer al juzgado los primeros días de cada mes para firmar libro.

Mendoza Ramos fue imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza por la fiscala María José Pérez, tras detectarse una diferencia en el balance de 1.200 millones de guaraníes, según la pericia fiscal.

“La primera pericia realizada a los documentos contables detectó una diferencia en el uso de los recursos de Royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), unos 1.200 millones de guaraníes”, expresó la agente fiscal.

Dijo que aún están realizando dos pericias más y que el monto podría varías en los próximos días. La fiscalía solicitó al juzgado la prohibición de ingresar a la municipalidad, pero la magistrada solo le restringe su entrada a la oficina financiera.

El titular comunal fue denunciado por más de cien ciudadanos que exigieron al ministerio público investigar el uso de los recursos de Fonacide y Royalties durante el primer periodo (2010-2015), tomando en cuenta que logró su reelección hasta el 2020.

El abogado de la denuncia Alberto Medina, indicó que la pericia realizada por el ministerio público detectó una diferencia de más G.815 millones, solo en el 2013 y que en el 2014 se detectó una diferencia de más de G.95 millones en uso de combustible.

Por su lado Mendoza indica que cuenta con los documentos que avalan su administración y calificó de una persecución política.

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