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El martes a la tarde, el chofer de la empresa Prosegur Carlos González Mallorquín supuestamente se apropió de G. 1.850 millones de un transportador de caudales. Presuntamente, fue hasta la casa de su padre Basilicio González, en la ciudad de Ñemby, para esconder el botín, pero un vecino lo vio con las bolsas.
El vecino, teniendo conocimiento del robo, avisó a un policía de la zona, el suboficial Hernán Zelaya, quien en principio reaccionó como corresponde, porque avisó a la comisaría 7ª Central.
En la comisaría 7ª prepararon el procedimiento, pero no dieron aviso al Ministerio Público, sino que fueron directamente a la casa de Basilicio González e ingresaron al lugar sin ninguna orden judicial.
El operativo estuvo a cargo de los suboficiales Antonio Ramón Alcaraz Barreto (33), Pablo Daniel Cuevas (33) y Hugo Alfredo Vigneaux Torres (31), así como del oficial Yoni David Mereles. En la esquina de la casa, como vigilando el desenlace, quedó Hernán Zelaya, contó el fiscal Nelson Ruiz.
Los policías, lejos de buscar al prófugo González Mallorquín, encontraron el preciado botín y se apoderaron del mismo, no sin antes amenazar a Basilicio González y su familia; todo esto el miércoles pasado a la noche.
Los uniformados se llevaron los G. 1.850 millones –según testigos– e inmediatamente subieron a la patrullera, donde no perdieron tiempo e hicieron una repartija.
Uno de los policías bajó de la patrullera y, como gesto de agradecimiento, fue hasta el vehículo de Zelaya, quien recibió G. 90 millones, suma que causó molestia en el mismo, contó el fiscal.
La novela no terminó allí, porque el comisario Joni Alberto Díaz Aranda, subjefe de la comisaría 7ª Central, y el comisario José Dolores Amarilla se enteraron de lo que pasó y se molestaron, no por el robo, sino porque no le avisaron de la repartija.
Con la intervención de los comisarios, lo repartido fue devuelto por los agentes, pero para una nueva repartición, que supuestamente incluyó a los jefes policiales.
Es así que desaparecieron los G. 1.850 millones, cuyo paradero aún se desconoce. Carlos González Mallorquín, presuntamente por temor a represalias, contó que solo robó G. 650 millones y que los repartió entre los pobres.
Ahora, el Ministerio Público y la Policía indagan si existen más uniformados implicados en el robo del dinero. También buscan a Joni Díaz, que es el único de los agentes mencionados que aún está prófugo.
Toda esta información la maneja el Ministerio Público en base al relato de testigos y en el marco de la presunción de la inocencia.