Así lo resolvió el juez Carlos Martínez. Acosta Marques está acusado de homicidio doloso en calidad de instigador, conforme la acusación presentada en su contra por la fiscala Sandra Quiñónez, informó Marcia Ferreira, periodista de ABC Color.

La fecha de inicio del juicio se determinará una vez que se sortee la terna de jueces que compondrán el Tribunal.

Molesto, el abogado de Neneco, Ricardo Paredes, criticó la labor de la Fiscalía, reafirmando que en ningún momento se describe la conducta de su defendido. “¿En el juicio oral y publico recién vamos a venir a inventar una historieta? Es lamentable”.

Expuso que sin una descripción de la conducta no se puede tener una “acusación seria” y dijo que la diligencia de hoy no se buscó resolver los incidentes planteados, sino que solo se vino a dar lectura de una resolución “como una condena”.

Por su parte, la fiscal Sandra Quiñónez valoró que después de las dilaciones orquestadas por el acusado, por fin se eleva a juicio oral y público. “Hemos presentado pruebas, hemos defendido nuestro trabajo. Desde aquel día en que deciden poner fin a la vida de Pablo Medina trabajamos para identificar a los autores”.

Dijo que el resultado de esta audiencia es “decirle un no contundente a la impunidad” y en respuesta a las acusaciones del defensor de Neneco, expuso que en todo el proceso se ha sostenido el grado de responsabilidad del acusado en el doble homicidio.

Conforme a las investigaciones, el cruce de llamadas telefónicas lo señalan como instigador al exintendente, quien habría ordenado el asesinato del trabajador de prensa por las constantes denuncias en su contra por su conexión con el narcotráfico.

La defensa del acusado impuso dos incidentes que dilataron el resultado de la audiencia preliminar. Inicialmente, plantearon la nulidad absoluta de la acusación y sobreseimiento definitivo de Acosta Marques, señalando que en ninguna parte del expediente se señala fehacientemente su conducta como instigador.

El segundo incidente fue de exclusión probatoria de los informes de registros de llamadas entrantes y salientes de su defendido, con el argumento de haber sido obtenido sin orden judicial.