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El legislador propuso elevar el tope de “contribuciones” y “donaciones” individuales que pueden recibir los partidos y movimientos de 5.000 jornales (G. 392 millones) a 50.000 jornales (G. 3.925 millones). Esto está pendiente aún porque el último punto del cambio en la Ley N° 4.743/12 de Financiamiento Político fue reconsiderado y postergado por falta de quórum.
Según Villalba, en entrevista con ABC Cardinal, elevar el tope de aportes haría más transparente conocer quiénes son los financistas de las campañas. Además, se propuso que la Contraloría y Seprelad queden fuera del control del dinero y que esto solo lo haga el Ministerio Público.
Bernardo Villalba (ANR, cartista), de la Comisión de Legislación, fue abogado del narco Antonio “Capilo” Caballero, aunque él dijo que solo defendió a uno de los integrantes de la banda y que su defendido quedó absuelto.
No prosperó la intención de la bancada disidente, cuyo vocero fue Eber Ovelar (ANR, Añetete), para que todos los procesados por la Fiscalía por crímenes como lavado de dinero y narcotráfico no puedan hacer “donativos” y se mantuvo la propuesta cartistas de solo excluir a las personas con “condena firme”.
Villalba pidió flexibilizar la exigencia de pedir “facturas legales” por gastos como alquiler de casas y arriendo de buses y camionetas para arrear votantes, aunque ello no se aprobó. Marcial Lezcano (ANR, cartista), cuyo suplente es Carlos “Chicharõ” Sánchez, acusado de lavar dinero del narcotráfico, dijo que debería prohibirse este gasto para abaratar las elecciones.
Los cartistas también se mostraron reacios y rechazaron por mayoría la propuesta de Olga Ferreira (independiente) de involucrar en el control de gastos a la Contraloría y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Dicha actividad estará principalmente a cargo de la Justicia Electoral.