Juzgado emplaza a APA

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A raíz de un pedido de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), un juez sumariante emplazó por nueve días a Autores Paraguayos Asociados (APA) para que explique los indicios de irregularidades hallados durante una auditoría.

Héctor Balmaceda, director general de Observancia de la Dinapi, informó que tras 20 días de auditoría en Autores Paraguayos Asociados (APA) se encontró una serie de irregularidades que motivaron la presentación de un escrito al Juzgado. A raíz de este documento, el juez emplazó a la institución por nueve días para que explique los resultados de la auditoría, según informó en diálogo con ABC Cardinal.

Varios fueron los mecanismos utilizados por directivos de APA para evitar dicha auditoría, entre ellos la prohibición de acceso a los interventores e incluso la recusación a la propia directora de la Dinapi, Patricia Stanley.

Balmaceda sostuvo que los indicios de anomalías encontrados tienen que ver con que "varios de los autores que cobraban cierta suma de dinero percibieron mucho menos en el último año sin ninguna razón valedera". Aseguró que argumentaban inclemencias del tiempo como el fenómeno El Niño, que supuestamente motivaron la pérdida de una serie de recitales y, por ende, la falta de recaudación.

Otro punto cuestionado son los gastos que han sido tan grandes como antes o superiores en los que se autoadjudican sumas de dinero. "Cuando los gastos son grandes no queda mucho dinero que repartir a los verdaderos propietarios de derechos autorales", sostuvo.

Por otro lado, la asamblea de la institución, que debe aprobar el presupuesto de este año "hasta ahora no lo ha hecho, por lo tanto, todos los gastos realizados hasta ahora son irregulares". Además habló de que en los documentos figuran como egreso unos anticipos que se han entregado a personas que ni siquiera figuran en listas de APA, "personas extrañas a la institución, por lo que va en detrimento de los derechos autorales", agregó.

Detalló que en la Dinapi en este caso solicita una sanción a la entidad, que según lo decida el juez consistirá en una multa o una suspensión de la entidad que puede extenderse hasta por un año.

Agregó que del presupuesto de G. 20.000.000 que manejaron el año pasado, sólo gastos de administración ascienden a un 40%, y hasta el momento no se rindieron cuentas sobre el destino verdadero de los fondos.