“Consideramos que hubo hechos punibles que se dieron en Guahory, hemos sido testigos y protagonistas de estos abusos, tenemos filmaciones de los hechos, hechos punibles por lo menos en nueve casos. El fiscal general se comprometió a abrir una investigación”, dijo López Perito durante la presentación de la denuncia.
Por su parte, Esperanza Martínez refirió que cada caso que denuncian está documentado y rememoró que los labriegos de esta comunidad del distrito Tembiaporã, Caaguazú ya fueron desalojados en enero de 2015; sin embargo, la situación se revirtió meses después, ya que las propiedades estaban en proceso de expropiación. Aseguró que en esta oportunidad los intervinientes nunca mostraron la orden de desalojo. “Lo que no queremos es que esto quede en el famoso 'oparei'. Que se encuentre a los responsables y se castigue. No podemos permitir que siga la impunidad”, acotó.
Por su parte, Wagner fue mucho más allá y apuntó directamente al jefe de Orden y Seguridad de la Policía. “Policías dirigidos por Luis Pablo Cantero, nuevo jefe de Orden y Seguridad, premiado por esta actuación, impide a tres senadores caminar por calles públicas, primera línea hasta quinta línea. (Transitar por) las calles públicas no nos podía impedir la policía, ni en época de la dictadura”.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) confirmó que los colonos brasileños de Guahory tienen títulos de propiedad inscriptos en la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), pero que muchos de ellos fueron entregados por el ente de forma irregular en el pasado y hoy están “legalizados” por haber sido registrados.
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