El proyecto de Ley de Educación Inclusiva fue presentado por la senadora Rocío González. Dicha legislación, contempla la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular. Detalla una serie de normas obligatorias para mejorar la accesibilidad de la educación, e incluir aquellos sectores históricamente excluidos, como el de las personas con discapacidad.
Sin embargo, la legislación excluye al sector privado, generando descontento entre las organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad.
“Solamente las instituciones públicas y privadas subvencionadas son las que van a tener el enfoque de inclusión, y esto nos pareció altamente discriminante. Se va estar obviando la responsabilidad a un sector importante que es el privado”, acotó Shirley Ayala, de la Fundación Saraki.
La ley fue aprobada en Senadores, y queda pendiente su tratamiento en Diputados. La Fundación Saraki se alió a otras organizaciones para concienciar a los diputados y lograr la modificación de la legislación.
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La comisión de Presupuesto dictaminó a favor de la ley, sin modificaciones. Sin embargo, las esperanzas están puestas en las comisiones de Equidad Social y Género, Educación, Cultura y Culto, y Derechos Humanos, que recomendaron la modificación a la ley.
“Apelamos a la sensibilidad de los diputados para que puedan modificar este proyecto para que realmente sea beneficiosa al sector de discapacidad”, concluyó Ayala.