La determinación generó la reacción de los azules, y la sesión inaugural casi concluyó a los golpes. Esta noche, los excluidos y otros oradores fustigaron a sus adversarios y anunciaron medidas para hacer respetar la voluntad popular. Éver Villalba calificó el hecho como un feroz atropello a la democracia, perpetrada por gente servil a Horacio Cartes, que pretende imponer una nueva dictadura.
Anunció que tarde o temprano estarán jurando y que ejercerán sus cargos sin venderse por lotes (en aparente alusión a los concejales anteriores). "Vamos a destapar la olla. El fato que venía haciendo durante 5 años el intendente Luis Benítez. Que se cuiden los ladrones", advirtió Villalba, asegurando que el temor al control es el que les hace adoptar estas medidas desesperadas y arbitrarias. Afirmó que controlaran minuciosamente las cuentas del ex intendente Luis Benítez y del actual jefe comunal, Alfredo Chulo Stete.
Por su parte Diosnel Aguilera, otro de los concejales frustrados, indicó que se trata de un "paso firme hacia el retorno de la dictadura en el Paraguay". Llamó a la resistencia para defender a la democracia y evitar que estos hechos se repitan. Criticó a la cúpula liberal por estar sometida a Horacio Cartes. Ambos oradores anunciaron que solicitarán al Juez Electoral, Corazón Martínez, que haga respetar la voluntad de los pilarenses y la resolución de la institución a la que él pertenece.
Consultado a Christian Escobar, presidente de la Junta saliente, afirmó que su decisión se basó en lo que dicen la Constitución, la ley orgánica municipal y el código electoral. Explicó que siendo Decanos de la UNP, Aguilera y Villalba debían presentar sus renuncias para acceder a la concejalía. Calificó de escandalosa la reacción de los liberales, denunciando que le agredieron verbal y físicamente.
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Dijo que la legislación expresa que en el caso de que no juren se les llama a los siguientes en la lista, correspondiendo en este caso que Rigoberto Bogado y Guillermo Pérez del PLRA los reemplacen Expresó que de sentirse afectados en sus derechos, la ley determina cuales son las instancias a las que se debe recurrir.