Las intervenciones están a cargo de funcionarios de la Unidad de Concesiones, dependiente del Gabinete del Viceministerio de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con la colaboración de la Patrulla Caminera, miembros de las reparticiones jurídicas de la cartera de Obras y de la contratista, fuerzas de la seguridad pública, entre otras dependencias.
Los trabajos consisten en el desmantelamiento de pequeños puestos de venta que se encuentran instalados de forma irregular sobre la franja de dominio del MOPC.
Rocío Calmejane, de la Unidad de Concesiones del MOPC, explicó que los propietarios de estos puestos de venta, así como de algunas viviendas afectadas, ya habían sido notificados para que despejen el área el año pasado. Sin embargo, la mayoría se quedó en el lugar, por lo cual estamos procediendo a desmantelar estas casillas. “Las intervenciones la realizamos tratando siempre de precautelar los bienes materiales de los afectados, sin embargo, la prioridad acá es garantizar la integridad física de estas personas atendiendo a que en algunos días más, ya habrá movimientos de maquinarias en la zona”, agregó.
Indicó que las tareas de despeje podrían demorar hasta 30 días. La funcionaria informó que paralelamente están realizando reuniones con los intendentes de la zona con el fin de socializar el proyecto.
Este viernes está marcada una reunión con autoridades comunales de José Domingo Ocampos y con el intendente y los concejales de J. Eulogio Estigarribia. Se recuerda que el MOPC firmó el pasado 7 de setiembre la Adenda N° 3 al contrato de concesión entre el Ministerio y la empresa Tapé Porá S.A., que modifica el contrato de concesión de la Ruta Nacional N° 7, de acuerdo a lo autorizado por la Ley N° 5625/2016, aprobado por el Congreso Nacional.
En la misma también se dio la orden de inicio de los trabajos para la ampliación a cuatro carriles de todo el tramo concesionado, que va desde el Km 183, Caaguazú, hasta el Km 323, empalme con la supercarretera a Itaipú, Alto Paraná.
Ambos documentos fueron firmados por el viceministro de Obras Públicas, Juan Manuel Cano Fleitas, en su carácter de ministro sustituto, atendiendo a la inhibición en este caso del ministro Ramón Jiménez Gaona.
La ampliación de la concesión a Tapé Porã, a cambio de la ampliación de la Ruta 7, generó todo un debate en el Congreso, pues el padre del actual ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, es accionista de la empresa Tapé Porã. Legisladores de oposición afirmaban que la renovación del contrato con la citada empresa, violando la Ley de Contrataciones Públicas, resultó un “negocio redondo” para el titular de la cartera de Obras.