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El asesinato del albañil Ramón Villamayor se produjo el 4 de octubre de 2005 en la colonia Brítez Cue, del departamento de Canindeyú. Al siguiente día, la fiscala Fani Villlamayor imputó a Félix Abente por homicidio doloso, ya que todos los indicios recolectados hasta ese momento apuntaban a que él efectuó los disparos que acabaron con la vida del albañil.
Abente nunca fue a prisión, siempre estuvo recluido en la Jefatura de Policía de Salto del Guairá; posteriomente, el juez Silvio Flores resolvió otorgarle el arresto domiciliario, bajo una finza de G. 30 millones, situación que fue apelada por los abogados querellantes, en representación de la familia de Villamayor, que solicitó que Félix Abente siga recluido pero en el penal de Coronel Oviedo.
El Tribunal de Apelación corrió traslado a la Fiscalía para conocer su postura con respecto a la apelación planteada por la querrella, a lo que la fiscala Fani Aguilera indicó que podría haber un cambio de calificación de la causa: “Fueron realizados varias diligencias, como las declaraciones testificales de los testigos presenciales del hecho Félix Osorio, Abner Monzón y Priciliano Gómez González, como asimismo la reconstrucción del hecho realizado en cáracter de anticipo jurisdiccional. Por lo que en base a estos elementos recolectados dentro de la investigación el Ministerio Público, recomiendo la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva, mencionando inclusive que podría cambiar el rumbo de la calificación inicial, teniendo en cuenta especialmente las declaraciones contestes y uniformes de los testigos mencionados precedentemente, quienes manifestaron que el proyectil impactó en forma accidental en la víctima (sic)", señala la respuesta del 24 de febrero de 2006.
El Ministerio Público tenía cuatro meses para investigar el hecho. Las diligencias realizadas en el marco de la pesquisa se centraron solamente en la declaración de los testigos del asesinato, del imputado Félix Abente y la recostrucción del homicidio, que se realizó el 1 de noviembre de 2005 y la presencia de los testigos, la fiscala, el juez, los abogados y el procesado. En febrero de 2006 se cumplieron los cuatro meses de la investigación. Llamativamente, el 5 de ese mes, la fiscala Fani Villamayor solicitó la prórroga de dos meses más para continuar realizando la pesquisa, ya que existían diligencias pendientes, según argumentó.
El juez concedió nuevamente lo solicitado. El 5 de abril de 2006, seis meses después del hecho, la fiscala Fani Villamayor solicitó el cambio de calificación de homicidio doloso a culposo, en base a las dudosas declaraciones, que -según la misma indicó en su escrito- “fueron aclarando la circunstancia real en que ocurrió el hecho, tales como testificales, obrante en la carpeta fiscal como así la reconstrucción del hecho. También solicita la homologación del acuerdo conciliatorio en la que llegaron los representantes de la víctima y el imputado, en la que consta la reparación del daño, debiendo posteriomente declarar la extinción de la acción penal”.
El juez Silvio Flores finalmente hizo lugar y declaró extinta la causa, quedando el marido de la diputada colorada Cristina Villalba libre de culpa y pena.