Los afectados son unos 52 pobladores de las colonias de Ibañez Rojas, Mburicareta, distrito de San Juan Bautista, Misiones y de San Javier de San Ignacio, Misiones.
Los propietarios denunciaron que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sin conversación alguna intentó hacerles firmar un documento a los dueños, quienes deberán renunciar a reclamos posteriores, incluyendo a sus herederos.
Una de las afectadas de la colonia San Javier, Vicenta Rolón, señaló que la línea de transmisión de 500 KV desde Yacyretá hasta Villa Hayes pasará en medio de lass propiedades, y en otros casos encima de las viviendas de los vecinos.
Añadió que la ANDE envío una notificación a los propietarios. m“Pero ahora aparecieron funcionarios con el cheque en manos para pagar la indemnización, sin diálogo previo con los dueños afectados”, criticó.
Vicenta Rolón señaló que la línea de transmisión afectará su propiedad, que mide 210 por 110 metros.
Añadió que la ANDE le ofrece por su propiedad G.11.570.000 guaraníes, monto que tanto a ella como a otros vecinos les parece muy escaso. “La tierra es nuestro medio de vida, nuestro sustento”, dijo.
Rolón manifestó que la ANDE envío un contrato donde establece que el ente estatal pagará en concepto de indemnización definitiva por los daños causados, pero que los vecinos al firmar y aceptar el monto tasado por el ente, yo no tendrán derecho a reclamos posteriores.
Agregó que viajaron este lunes hasta la sede de la ANDE en Asunción, donde conversaron con directivos del ente, pero que no llegaron a ningún acuerdo. Se entrevistaron con el Ingeniero Víctor Alí, responsable de la linea de transmisión 500 KV.
Los dirigentes que exteriorizaron la preocupación son: Vicente Ortellado, presidente de la Junta Comunal de Vecinos de la Colonia Alcibiades Ibañez Rojas; Eliseo Quiroz, Javier Olazar y Vicenta Rolón de la compañía San Javier; y Luisa de Quiñonez, también de Ibañez Rojas.
REUNIÓN CON MONSEÑOR MEDINA.
Los pobladores afectados acercaron su preocupación incluso al obispo de Misiones y Ñeembucú, monseñor Mario Melanio Medina.
Según el obispo, el ente estatal no puede pisotear tan fácilmente el derecho de las personas, cuyos terrenos son medios de vida y de sustento familiar.
Añadió que la ANDE tiene que pagar en concepto de indemnización lo que valen los inmuebles, “porque después las familias afectadas tienen que invertir ese monto para seguir viviendo”, expresó monseñor Medina.
Subrayó que se tiene que respetar el derecho de las personas y sus intereses. “Se habla de progreso y desarrollo, pero en este caso se quiere oprimir y condenar a los propietarios afectados a la miseria”, concluyó el obispo.