Llanismo no apoyaría destitución de Acevedo

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El titular del Congreso, Roberto Acevedo, aseguró que liberales llanistas no apoyarían su destitución, planteada por colorados. Aseguró que las leyes lo amparan y no descartó la presentación de acciones judiciales.

Tras el anuncio de que colorados oficialistas buscarán destituir a Robert Acevedo, titular del Congreso Nacional. por conspiración contra Cartes, éste aseguró que ni la Constitución Nacional ni el reglamento de la Cámara de Senadores contemplan esta posibilidad.

En diálogo con ABC Cardinal, reveló que el senador Fernando Silva Facetti, en representación de los liberales llanistas, se comunicó con él para asegurarle que -de plantearse esto en el marco de una sesión del Senado- ellos lo apoyarían, pese a que están a favor de la enmienda planteada por el Gobierno. “Me informó que ese movimiento no se estaría prestando a la destitución mía. Eso tranquiliza (…) Lo escuché muy convencido y solidario también”, indicó y, a renglón seguido, agregó que el apoyo de los efrainistas también está garantizado.

Considerando que las leyes lo amparan, Acevedo dijo desconocer las estrategias que los colorados plantearían para removerlo de su cargo. Aseguró que los senadores de la oposición y disidentes colorados están reuniéndose para analizar qué recaudos tomar en adelante.

Por su parte, el abogado José Casañas Levy confirmó que desde ayer los senadores opositores analizan presentar una acción judicial que aún no fue definida. Consideró que las acusaciones de los colorados son “bastante temerarias”, ya que “los cambios constitucionales están previstos en la Constitución y se debe recurrir a medios legales. Es un tema grave que incluso está tipificado en el Código Penal”, advirtió.

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Agregó que la denuncia presentada ayer por los colorados hace que se ponga en duda la inicial (de conspiración) porque, pese a que en el escrito de ésta se habla de evidencias, las mismas no son presentadas. En este punto advirtió que “alterar datos relevantes para la prueba es otro delito”.

Además, recordó que “no se pueden difundir conversaciones privadas ni intervenir comunicaciones. Es un hecho punible”. Por eso, cuestionó la actitud del fiscal interviniente en el caso. Señaló que es muy curioso que en una denuncia tan grave como una amenaza de muerte hacia el presidente de la República no se tengan en cuenta principios tan básicos como los de la presentación de pruebas.