Esta fue la reflexión emitida por el juez de San Pedro, José Valiente quien antes de ser magistrado, fue designado por el Sindicato de Periodistas de Paraguay como investigador independiente del homicidio ocurrido el 26 de abril de 1991, en pleno día del periodista y como claro mensaje de la mafia de frontera hacia la labor de prensa. Cabe recordar Leguizamón abordó las diversas formas de crimen que imperan hasta hoy en el Amambay y sus vínculos con los poder de turno.
El hoy juez recordó que desde el inicio de la investigación que en aquel entonces corría a cargo de la Policía Nacional, no se notaba un interés real en llegar a los autores tanto materiales como intelectuales, tal es así que los jefes policiales de la época trataron de desligarse de la investigación, alegando principalmente cuestiones relacionadas a la jurisdicción, es decir “nadie quiso investigar el hecho”, expresó Valiente en contacto con ABC Cardinal.
Según el magistrado, a este factor se sumó la imposibilidad de extraditar tanto a los sicarios que ejecutaron el homicidio, como a quienes ordenaron la violenta ejecución del comunicador, “de los autores morales el único que se presentó fue Luis Enrique Georges, quien declaró y negó toda implicancia en el crimen, así el juez Albino Aquino levantó la detención y lo dejó libre, el continuó procesado hasta su muerte hace unos años atrás, también víctima de sicarios”.
En tanto que Daniel Álvarez Georges, hijo del empresario Fahd Yamil, desapareció de la frontera hace unos cinco años, el mismo estuvo preso en el Brasil por tráfico de drogas, no obstante se perdió total rastro del mencionado como también de los sicarios.
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Valiente recalcó que el poco interés en esclarecer el homicidio de Santiago Leguizamón, estaba directamente ligado al vinculo entre Yamil y el entonces presidente Andrés Rodríguez a tal punto de ser compadres, “por eso nunca la policía pudo profundizar en el caso porque en algún momento lo iban a involucrar”.
Durante la charla recordó de igual manera que tras el homicidio de Leguizamón, su oficina en la Radio Mburucuyá fue copada por efectivos militares quienes se dedicaron a revolver los documentos, impidiendo el acceso a los policías para la investigación. A criterio de Valiente este hecho pudo tener relación al trasfondo que derivó en el homicidio del periodista, específicamente las actividades ilegales del clan Yamil y su estrecho relacionamiento con las autoridades de aquella época.