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El especialista en leyes dijo a ABC Cardinal que la estafa por más de G. 45 mil millones se produjo por parte de funcionarios de la empresa que abrían cuentas en el banco Itaú y depositaban cheques de hasta US$ 100 mil que debían ser destinados a proveedores; sin embargo, la entidad bancaria nunca notificó esto como algo irregular. Esto sucedió por espacio de tres años.
“Cómo es posible que con el perfil de un funcionario con un sueldo de G. 4 millones hagan depósitos de US$ 100 mil. Los mecanismos de control fallaron”, refirió.
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Afirmó que, gracias a una manipulación del sistema informático, lograron evitar que todos esos años se mantenga oculta la estafa. “Para mí, Seprelad es el mayor frigorífico. Su director está hace 15 años. Yo creo que debe ser un funcionario estudiado a profundidad”, criticó el letrado.
Detalló que el banco o entidad financiera deben notificar sobre irregularidades a Seprelad. “Es como que el muerto tenga que avisar a la Policía que lo mataron”. Afirma que los sistemas de alarma en casos posibles de lavado de dinero deben ser automáticos.
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Prosiguiendo con el caso de estafa, sostiene que el intendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), recibió un cheque por G. 374 millones provenientes del desfalco a Viradolce y lo utilizó para su campaña política, lo que permitió rastrear el dinero.