Desde el anuncio de la realización de la huelga, numerosos sectores sociales, representaciones sindicales y movimientos campesinos se han sumado, cada uno trayendo consigo un manojo de reclamos y reivindicaciones.
Sin embargo, durante el acto simbólico de inicio de la huelga, los organizadores dieron lectura al manifiesto en el cual asientan los puntos principales que dieron origen al reclamo, los cuales se detallan a continuación:
Basados en estudios realizados por los asesores de las centrales sindicales, expresan que es comprobable la pérdida histórica del poder adquisitivo. En este punto consideran que fueron desatendidos por el Gobierno, que estableció un reajuste del 10%, que solo benefició a trabajadores que perciben el salario mínimo.
Consideran que es necesaria una política de transporte, que los servicios públicos no pueden ser reajustados al “antojo de los administradores de turno” y que los precios de los productos de la canasta básica deben ser controlados por el Gobierno.
Las centrales sindicales afirman que gran parte de los hospitales públicos del país se encuentran desabastecidos, tanto de medicamentos como de profesionales, y acusan al Gobierno de hacer poco para revertir el presente. Situación similar ocurre con la educación, lo que se refleja en la infraestructura de las instituciones educativas y la falta de educadores sobre todo en el interior del país.
Acusan al Gobierno de no haber “demostrado ni siquiera un ápice de lo que quiere en cuanto a generación de empleos” en estos ocho meses y que, al contrario, promueve la precarización y reducción salarial.
También señalan que, en cuanto a los derechos humanos y sindicales, "nos encontramos como en la dictadura, nos tenemos que organizar en forma clandestina” bajo el temor de despidos y suspensiones por los patrones. También mencionan que los contratos colectivos no son respetados, ni en el sector público y mucho menos en el privado.
Este es uno de los reclamos más pronunciados en los discursos, ya que sostienen que con esta ley “entreguista” resultan afectados tanto los trabajadores como sus beneficios como el país, su soberanía y hasta los tres poderes del Estado.
Para tener una reforma agraria real –argumentan- se debe discutir con todos los actores sociales y dejar de lado el modelo que imponen los sojeros y ganaderos, “eternos latifundistas y explotadores del Paraguay”.
Los puntos finales de la lista de reivindicaciones de las clases sindicales apuntan contra el modelo neoliberal del Gobierno y abogan por un modelo de desarrollo más inclusivo.