El Ejecutivo emitió un comunicado el lunes, reconociendo que el afán por poseer la tierra generó "distribución inequitativa e ilegal con soslayo del orden jurídico aplicable a los sujetos de la reforma agraria", lo que muchas veces "adjudicó inmuebles rurales a personas favorecidas por el poder político y económico, violando la ley y contrariando políticas de estado".
Sobre tales declaraciones, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) expresa a través de un comunicado que muchas de las acciones de los "carperos" están tipificadas como delito en el Código Penal. El texto sentencia que "la libertad con que se mueven y controlan la zona, impidiendo la libre circulación y el trabajo de los habitantes del lugar, con el apoyo y reconocimiento del presidente Lugo ha creado de hecho una zona liberada".
La organización destaca que la actuación de las instituciones del Estado dependientes del Presidente de la República transgrede gravemente la ley por omisión; como el caso del Ministerio del Interior, la Policía y por acción de las FF.AA., entre otras.
"Sin muchas esperanzas ni expectativas aguardábamos estas declaraciones. Sin embargo, sirven para confirmar que el presidente entiende el Estado de Derecho, no como el conjunto de normas que generan las autoridades que nosotros elegimos para el efecto sino como el conjunto de reglas que él mismo establece para proteger a sus operadores políticos, que es lo que son los carperos", sentencia.
La UGP sentencia que el comunicado representa una reafirmación del respaldo presidencial a todas las actuaciones de particulares y de funcionarios que actúan al margen de la ley. "En estas condiciones, condenamos y denunciamos esta provocación y hacemos personalmente responsable al presidente Lugo de lo que pueda suceder en el futuro", finaliza el comunicado.