El 24 de febrero pasado la Sala Constitucional de la Corte había hecho lugar a la Acción Declarativa de Certeza Constitucional, en un tiempo récord de menos de dos meses, que afirma que se encuentra plenamente vigente el Presupuesto General de la Nación del ejercicio 2016, por ende el artículo 73 que la misma que permite al Ejecutivo a endeudar al país a través de la emisión de más Bonos del Tesoro, sin que el Congreso lo habilite.
Este artículo autoriza a emitir bonos hasta por un monto de más de G. 3,8 billones (US$ 678 millones al cambio vigente), aunque el ministro de Hacienda asegura que colocarán hasta US$ 558 millones. El 57% de los fondos de este nuevo endeudamiento se utilizará para bicicletear deudas vencidas.
El Gobierno, con la venia de la Corte, busca eludir el fuerte rechazo de los legisladores de la oposición y la disidencia del Partido Colorado, que consideran ilegal la emisión de bonos sin la autorización del Congreso.
Ya el 14 de febrero la Corte había emitido una medida cautelar que ya era considerado por Santiago Peña como “garantía suficiente” para salir al mercado internacional, no obstante consiguieron en un tiempo ridículamente corto de tiempo que la Corte emita su resolución final.
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La Sala Constitucional de la Corte estuvo compuesta por los ministros Myriam Peña, Antonio Fretes y Raúl Torres Kirmser.
