Diputados está por matar la ley de DDJJ

La Cámara de Diputados debe definir este miércoles en sesión si aprueba el proyecto de ley que hace públicas las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios públicos. La semana pasada, los legisladores dejaron sin quorum la sesión ordinaria cuando se debía tratar la modificación de la ley que tiene sanción ficta el 3 de abril y que los afectará directamente.

El proyecto de modificación de la Ley 5033 que hace públicas las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios públicos tiene sanción ficta este miércoles, mismo día en el que la Cámara de Diputados deberá analizar lo que ya aprobó el Senado.

Inicialmente, el proyecto debía ser analizado por la Cámara Baja el pasado miércoles. Sin embargo, la sesión quedó sin quórum cuando las comisiones empezaban a presentar sus dictámenes y recomendaciones de modificación.

Colorados cartistas y abdistas, además de un sector de los liberales abandonaron la sesión.

La modificación de esta ley afectará directamente a los legisladores, puesto que sus Declaraciones Juradas también serán públicas si el proyecto avanza.

La multibancada presentó moción de preferencia para que el proyecto sea tratado entre los primeros puntos de la próxima sesión.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana (ANR, cartista), propuso modificaciones al proyecto de ley que plantea acceder a las declaraciones desde la web de la Contraloría.

La mayoría de esta comisión, en la que hay varios investigados o cuestionados por su crecimiento patrimonial, pretende hacer públicos solo los datos que ya lo son actualmente.

Maidana justificó su postura diciendo que la comisión analizó el derecho a la información y el respeto a la privacidad de las personas, derechos de los que dijo se contraponen. Sin embargo, el diputado colorado olvidó que el artículo 128 de la Constitución establece que el interés general prima siempre sobre el particular.

ABC Color tuvo acceso a una copia del dictamen de esta comisión en la que se evidencia cómo los legisladores, encabezados por los cartistas, pretenden cercenar por completo el proyecto.

Los diputados encabezados por el cartista Maidana plantea la obligación de presentar y publicar Declaraciones Juradas de bienes incluso a los propietarios y directivos de empresas de capital privado bajo la excusa de que reciben contratos con el Estado.

Este intento de cercenar el proyecto para que el sector privado levante la voz ya había sido presentado por el también cartista Sergio Godoy en el Senado en noviembre del año pasado. En aquella ocasión, la Cámara Alta dejó sin efecto las intenciones de los legisladores que responden al expresidente Horacio Cartes.

Los cartistas olvidan que los funcionarios públicos tienen un nivel limitado de privacidad frente a los ciudadanos de a pie. Esto está establecido por la misma Constitución al establecer la obligación de presentación de las Declaraciones Juradas a todo aquel que preste servicios y perciba sueldos con dinero público.

Pedro Mayor Martínez, presidente del Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción, había emitido el año pasado un fallo en el que citaba esta diferencia. “Brindar información personal y patrimonial de los servicios públicos, consecuencentemente su acceso, contenidas en su declaración de bienes y rentas, activos y pasivos, tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia”, señaló en su momento el magistrado.

El titular de la Comisión de Legislación Jorge Ávalos Mariño (PLRA) mencionó que el proyecto de ley con media sanción del Senado modifica cinco artículos de la Ley 5033/2013, que reglamenta la declaración jurada que va dirigida a hacer pública la declaración jurada de bienes y que establece una sola excepción al contenido, relacionada a los datos de los hijos menores.

La comisión modifica el texto e incorpora la posibilidad de que nuevas informaciones sean incluidas a la declaración jurada de bienes. Además pone recaudos sobre los datos sensibles como nombres de hijos menores de edad o números de cuentas bancarias de los funcionarios.

Durante su viaje a Buenos Aires semanas atrás, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había señalado estar a favor de la transparencia y dijo que, a priori, éste le parecía un proyecto de ley que favocerá el proceso de brindar mayor acceso a la información pública.

Los legisladores están a punto de dar una muestra más de que están en contra de la transparencia y de una tendencia mundial en pos del acceso a la información pública. 

Por ejemplo, los diputados pretenden ir en contra de lo requerido or la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, por sus siglas en inglés), organismo internacional con el cual la República del Paraguay ha empezado a vincularse y pretende llegar a ser miembro pleno.

En efecto, sostiene la OECD: “Reconociendo que las distintas categorías de funcionarios públicos difieren una de otras, con diferentes niveles de responsabilidad y poder y el potencial de verse involucrados en conflictos de intereses y corrupción, los países deberían considerar regulaciones especiales sobre declaraciones de bienes para las diferentes categorías de servidores públicos, inclusive teniendo en cuenta los poderes del Estado para los cuales prestan servicios. Los intereses y bienes de las autoridades electas, por ejemplo, legisladores, deberían estar sujetos a declaraciones de bienes separadas y disponibles para todo público. (…) Los altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo ministros y otras autoridades políticas, así como los más altos niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público, también requieren de regulaciones especiales que las hagan (a las DDJJ) disponibles para todo público”. 

Esta tendencia se verifica en una investigación del Banco Mundial presentada en 2012 que muestra que, de 176 países evaluados, el 78% tenía sistemas de publicación de DDJJ de servidores públicos.

En el 93% de esos países exigen la publicidad de las DDJJ de los miembros del gabinete de ministros; el 91% exige la publicidad de las DDJJ de los legisladores y el 62% de las máximas autoridades de los ministerios públicos.

Un 43% de esos países hacen públicas las DDJJ de todos los funcionarios públicos. Esto es, a nivel mundial, la gran mayoría de los países hacen públicas las DDJJ de sus más altas autoridades gubernamentales.