La medida de fuerza se resolvió el 7 de octubre en una asamblea realizada en el local de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. Los sindicatos y federaciones de choferes, taxistas y camioneros se unieron para protestar contra “la política antisindical del gobierno de Horacio Cartes”.

Según Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), los huelguistas que incluirán a choferes de varias empresas del transporte público de Central y Área Metropolitana, además de taxistas, camioneros y volqueteros, estarán alistándose en diferentes zonas. Los organizadores del paro todavía no quieren dar la lista de las líneas de transporte público que no trabajarán para evitar presiones de las patronal.

Fue categórico al decir que Guillermo Sosa, ministro del Trabajo "quiere que haya huelga" porque no demostró ningún interés en limar asperezas para evitar la medida de fuerza que afectará a miles de personas.

El Gobierno no respondió en forma positiva el pedido de choferes despedidos de La Limpeña, Línea 49, cuyo dueño es el diputado Celso Maldonado. Uno de estos pedidos es la legalización del gremio formado el 22 de junio. Alrededor de 20 choferes están crucificados bajo carpas frente al ministerio, situado en Herrera y Paraguarí, desde el 22 de julio.

Los choferes también hacen esta medida de fuerza para exigir la reposición en sus puestos de trabajo. Los obreros de otras líneas harán la huelga en solidaridad con sus colegas de la Línea 49.

Los taxistas exigen al Gobierno crédito blando para comprar vehículos nuevos. Los camioneros exigen la anulación de la resolución del cobro del peaje de ida y vuelta (desde marzo de 2016).