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Los manifestantes exigen a la Secretaría de Acción Social (SAS) que agilice los tramites de regularización del predio que ocupan desde hace una década.
El presidente del grupo, Luis Martínez, indicó que la propietaria del inmueble ya cuenta con orden para el desalojo, pero que no la ejecuta porque quiere negociar con la SAS, pero no encuentran respuestas. Ante la negativa del Gobierno de negociar la compra del terreno de más de 20 hectáreas, temen que se ejecute el desalojo.
En dicho asentamiento se encuentran asentadas 470 familias y ya cuentan con todas las comodidades básicas: luz, agua, centro de salud y puesto policial. Dicen que si no encuentran respuesta recrudecerán las medidas de protesta.