La ley 5581/2016, promulgada por el Ejecutivo modifica dos artículos de la ley 4758/2012, promulgada en aquel entonces bajo la presidencia de Federico Franco, que establecía al Fonacide como responsable de administrar el dinero producto del excedente por cesión de energía al Brasil.
Las modificaciones apuntan a asegurar la rendición de cuentas por parte los órganos receptores, como intendencias y gobernaciones, como uno de los principales requisitos para el desembolso, como forma de promover la formalidad en la gestión de tales recursos, según el informe institucional de la Presidencia.
También refuerza lo referente al control del buen uso de los fondos, poniendo a la ciudadanía como principal contralora del manejo y estableciendo las consecuencias que conllevan la administración irregular del dinero.
En marzo pasado los gobernadores plantearon la posibilidad de vetar las modificaciones introducidas por el Ejecutivo y en su lugar presentar un nuevo proyecto, debido a ciertas inquietudes relacionadas a la distribución de los recursos. Desde su entrada en vigencia tanto intendencias como gobernaciones fueron severamente cuestionadas por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos, mientras que las escuelas y colegios pasan penurias en materia estructural.
La Contraloría General de la República remitió a los presidentes de las dos cámaras del Congreso, al presidente Horacio Cartes y al Ministerio de Hacienda, el informe resultante del análisis de las rendiciones de cuentas de recursos del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) de los diferentes organismos del Estado correspondiente al ejercicio 2015.