Médicas denuncian injusticias y piden consideración

Médicas graduadas de la UCA de Villarrica denuncian injusticias durante su residencia, otorgada por la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Por 0,1 puntos fueron sacadas del programa y solo piden una oportunidad para seguir estudiando.

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Natalia Mabel Rolón Caballero y Natalia Pico García se graduaron de médicas en el año 2014 en la Universidad Católica de Villarrica. Inmediatamente después de titularse, hicieron las gestiones para postularse al programa de la Comisión Nacional de Residencias Médicas, que ofrece a los médicos cirujanos recién recibidos un contrato beca por tres años, durante los cuáles tienen la posibilidad de hacer su residencia y especializarse en algún área. En este caso, las doctoras deseaban convertirse en pediatras.

Así, rindieron el examen de ingreso, y lograron ingresar al programa entre 800 médicos aspirantes, ganándose sus espacios en las escasas 15 plazas que se disponían para la especialidad de pediatría, en el Hospital Nacional de Itauguá, que era el nosocomio a donde fueron destinadas por el convenio.

El contrato beca de la Conarem es la meta de todo médico recién graduado, pues le da la posibilidad de cumplir con su residencia, a la par que estudiar una especialidad. Los médicos tienen además un salario que unos G. 4.000.000.

Así, después de muchas peripecias, lograron ingresar al exigente programa, en el cual debían cumplir con guardias de 29 horas o incluso más, fungiendo además de enfermeras, camilleras y realizando todo el trabajo más duro del hospital, según detallaron. Todo con miras a la meta: tras tres años de residencia, poder convertirse en especialistas en el área y cumplir con toda la experiencia necesaria que aporta a práctica.

En el primer año de la residencia supieron sortear los obstáculos, pero luego a Natalia Rolón le diagnosticaron hipertiroidismo severo y Natalia Pico se embarazó. Fue ahí cuando comenzaron a sufrir las primeras injusticias. Una doctora del mismo hospital donde realizaba la residencia le comunicó a Rolón que estaba grave y que debía reposar durante un mes, pero la doctora Clara Irala, coordinadora de Docencia del área de pediatría y bajo cuyo cargo están los residentes, le dijo que era imposible que tuviera permiso por tanto tiempo, y como máximo le daría 15 días de reposo. Así, Rolón tuvo que consultar con otra doctora y pedirle como favor que le otorgue solo 15 días de reposo, de manera a poser visar el documento en el Ministerio de Salud y tomarse solo ese tiempo, para no perjudicar su trabajo.

En el caso de Natalia Pico, ella se embarazó, y, según cuenta, sufrió mucha humillación cuando el doctor Ernesto Castellano, vicedirector del posgrado de Pediatría Clínica, en el campus de Guairá, le dijo que la residencia no era un lugar para que una doctora se embarazara, pues existía "la planificación familiar".

Cuando iba a tener al niño, no le dieron el permiso de maternidad reglamentario, sino solamente 42 días, pues "era el máximo tiempo que podía ausentarse de su puesto".

Aún con los maltratos que soportaron, cuentan que continuaron pasando por alto la situación para poder llegar a su meta: la especialización.

Pero la situación se hizo insostenible cuando llegó el examen del segundo año de la residencia, y la doctora Clara Irala les comunicó a ambas denunciantes que no estaban habilitadas a rendir, porque no habían cumplido con las suficientes rotaciones.

Así, tenían una segunda y última oportunidad de rendir, a la que se presentaron. Fue ahí cuando les comunicaron que tras la sumatoria de todo el proceso, compuesto por parciales y trabajos, habían logrado alcanzar el puntaje de 2,4, y para pasar era necesario hacer 2,5. Es decir, por 0,1 puntos quedaron fuera del programa, perdiendo todo el sacrificado camino recorrido, teniendo que volver a comenzar de cero. Las denunciantes aseguran que si es que no pudieron alcanzar el puntaje, fue porque se vieron imposibilitadas de entregar ciertos trabajos y rendir parciales, debido justamente al reposo por salud que tenía Rolón, y al permiso de maternidad que tuvo Pico. Así, ambas profesionales golpearon todas las puertas posibles, pidiendoles a las autoridades solamente una oportunidad para recuperar ese puntaje faltante, y así continuar con su educación.

Hay que mencionar además que, si bien están dentro de un contrato beca, el costo del posgrado en Pediatría, que es de G. 400.000 mensuales, corre por cuenta de los residentes.

Sin ser escuchadas por ninguna autoridad del hospital, y tampoco de su universidad (la UCA de Villarrica), las médicas decidieron acudir a la Corte Suprema de Justicia e interpusieron un recurso de amparo, por el cual, a través de una medida de urgencia, una jueza ordenó que a las doctoras les sean tomados los exámenes. Sin embargo, hasta el momento, la Conarem ha ignorado las medidas, y los abogados del Ministerio de Salud han contestado a la demanda diciendo simplemente que se está cumpliendo con el reglamento de la Conarem. Ahora, aseguraron que no piden nada más que una oportunidad para aprobar el examen final del segundo año y pasar al tercer año de residencia, pues solo están a 10 meses de culminarla. Desde que todo ocurrió, hace dos meses, ambas doctoras fueron excluidas del programa sin ninguna comunicación, y ya no les volvieron a depositar los salarios que se acordaron en el contrato-beca.

Las médicas mencionaron a su favor el artículo 73 de la Constitución Nacional, que establece que "Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad".

En contacto con ABC Color, el director del Hospital Nacional, Hernán Martínez, manifestó que la reglamentación de la Universidad Católica de Villarrica es la que exige a los residentes nota 3 para ser promovidos al siguiente año de residencia. "Estas jovenes alcanzaron la nota 2,4, ysolicitan que se les otorgue unos decimales para tener 2,5 y que se redondee a 3. Pero no hay redondeo cuando tenés dos. El redondeo se aplica solamente cuando tenés por ejemplo, 3,5, y se redondea a 4", explicó el director del Hospital.

Martínez añadió que las autoridades revisaron "uno por uno" los trabajos de proceso y exámenes de ambas denunciantes, pero "no alcanzan el puntaje y no pueden ser promocionadas", afirmó.

Al consultarle qué hay de cierto sobre las supuestas injusticias que vivieron las médicas con respecto a los permisos por enfermedad y embarazo, y que les impidieron cumplir en forma con los exámenes, el doctor se limitó a decir que "tienen que demostrar eso con documentos". "Ellas piden un examen extraordinario que no existe en la reglamentación de su universidad (la UCA de Villarrica). El Hospital Nacional solamente es el campo de práctica de los residentes. Pero si no alcanzan el puntaje, ni la Conarem ni el Hospital tienen competencia", respondió la autoridad.

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