Los gremios como Apesa, Dicapar y la Cámara de Biodiésel (Biocave) remitieron varias notas a la Cámara Baja para exponer sus argumentos, pero como igual fue incluido el estudio del proyecto (con moción de preferencia del diputado colorado Carlos Núñez Salinas) en el orden del día de la sesión de mañana, solicitaron reunirse hoy con las diferentes bancadas, refirió Jorge Camperchioli, presidente de Biocave.
“No estamos en contra del biodiésel. Lo que no compartimos es la forma de como están queriendo hacer las cosas”, añadió Camperchioli.
Entre los argumentos los gremios mencionan que el proyecto viola la libre competencia porque excluye de la producción a un sector e impondrá cupos. Tampoco tendrá sostenibilidad porque el mercado tiene capacidad de producir hasta el 3%.
La existencia de una norma que está en vigencia desde el 2005 es otro argumento esgrimido por los opositores.
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El proyecto creará un fondo para la fiscalización de la norma, lo que genera dudas porque para eso está el Ministerio de Industria y Comercio y el Instituto de Tecnología y Normalización (INTN).
Los gremios de los sectores del combustible, maquinarias e industrias convocaron ayer a una rueda de prensa, oportunidad en la que advirtieron sobre los daños que provocará la ley de ser aprobada. Los empresarios del sector automotores aseguran que los vehículos tienen sus normas técnicas establecidas por los fabricantes y en Paraguay no existe investigación ni desarrollo para impulsar un aumento sin tener en cuenta las investigaciones de la industria automotriz. Consideran irresponsable obligar por ley a realizar mezclas sin estudios previos porque los perjudicados serán los ciudadanos, los propietarios de vehículos.
“Nosotros esperamos que los diputados razonen sobre este proyecto que será perjudicial para todos. Ya tenemos una ley que se está aplicando según disposiciones de Industria y Comercio, concluyó Camperchioli.