La denuncia se presentó el 11 de noviembre pasado, pero hasta el momento el Ministerio Público no avanza en la investigación por la amenaza que sufrió el periodista de Villarrica, Ariel Ávalos Antúnez. Ese día, en horas de la noche, desde su camioneta y en la vía pública, el concejal municipal Rubén “Pirulo” Martínez (ANR) le gritó al comunicador “la próxima aguejýta ndéve”, como un claro propósito de intimidación debido a los cuestionamientos a su gestión en la Junta. El hecho fue grabado desde un teléfono celular.

Y si bien la amenaza es un delito privado que no lo investiga la Fiscalía, en el 2017 el Ministerio Público asumió un compromiso institucional para proteger la libertad de prensa. En ese sentido, se anunció que los ataques a los trabajadores de prensa se iban a caratular como coacción, siempre y cuando las amenazas u otros tipos de agresiones busquen evitar, entorpecer o limitar la labor periodística.

Tal es el caso de Ariel Ávalos, quien se encarga de la dirección periodística de un canal de cable en Villarrica. A pesar de la amenaza que sufrió, siguió manteniendo la línea de denuncias y cuestionamientos a "Pirulo" Martínez y los otros concejales guaireños.

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El fiscal Elizaur afirmó que espera contar primero con la declaración del periodista para analizar si la conducta de Rubén Martínez se ajusta al tipo penal de coacción. Dijo que ya lo habían convocado para testificar, pero Ávalos confirmó que no recibió ninguna notificación para presentarse ante la Ficalía. Aún la sigue esperando.

La secretaria general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Noelia Díaz Esquivel, relató que hace un año desde la Mesa de Seguridad para Periodistas, que reúne a gremios de comunicadores e instituciones públicas, se firmó el compromiso con el Ministerio Público para garantizar la investigación de denuncias sobre amenazas y todo tipo de violencia contra trabajadores de prensa. Pero a pesar del acuerdo, la Fiscalía no se involucra en las denuncias y los casos siguen quedando impunes, sostuvo Díaz Esquivel.

Explicó que las agresiones a los periodistas limitan la libertad de prensa y  como consecuencia la población en general deja de recibir información, derecho ciudadano consagrado en la Constitución. “El Estado debe garantizar la libertad de expresión, de prensa y la seguridad de los y las trabajadoras de prensa. Sólo así se podrá preservar la democracia”, puntualizó.