Hildegardo González, titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), dialogó con ABC Cardinal sobre la resolución emitida días atrás por la cual se reglamenta el procedimiento por el cual un estudiante de una institución cerrada podrá ser admitido en una universidad legal y con carreras habilitadas.
Según reafirmó, son 8.000 los alumnos que podrán verse beneficiados por este sistema, ya que podrán seguir su formación pese a haber sido estafados por los institutos de garaje, que operaban sin habilitación alguna. En otro momento, aclaró que habrá jóvenes que no encontrarán solución aun con esta facilidad. “Hay casos que no tienen solución, evidentemente; se va a certificar si esa persona realmente asistió a clases, si hubo clases en (la universidad de garaje), una serie de procedimientos, no es inscribirse (en la nueva universidad) y ya”, manifestó.
Reconoció igualmente que habrá alumnos que no tendrán en las cercanías de su vivienda alguna institución legalmente constituida. “Muchos estudiantes no tendrán cerca una universidad legal y se van a tener que trasladar y esas son cuestiones personales que ellos deberán resolver; no todos van a tener al lado de su casa una institución habilitada”, manifestó.
Reconoció que en muchos casos las propias universidades irregulares tienen más filiales que las legales, por lo que tienen presencia en zonas donde otras no. “Hay comunidades muy pequeñas que con seguridad no tendrán otra universidad; existe un sobrecosto de cualquier manera para los estudiantes, eso el Cones no va a poder resarcirles porque no es su competencia”, indicó.
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De esta manera, aclaró que el Cones busca facilitar el aspecto legal para la reincorporación de los estudiantes estafados, pero esto “no es tampoco una solución mágica. Aquellos estudiantes que buscaban luego recibirse fácilmente, probablemente no les convenga pedir (su incorporación a una universidad legal)”, aseveró.
Aclaró que, aunque los exámenes previos para certificar los conocimientos del estudiante no tendrán costo alguno, sí deberá abonarse la cuota que la universidad estipule y cumplirse las exigencias académicas. “El examen de competencias no se paga pero sí lógicamente deberá pagar las cuotas”, refirió.