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Era la tarde del miércoles, en pleno desarrollo de clases, cuando el techo del aula Nº 9 en el primer piso del Colegio Nacional de Lambaré se desplomó sobre los alumnos y causó heridas varias en 14 estudiantes. En principio, nada hacía suponer que un suceso como este ocurriría en un aula refaccionada hace apenas dos años y menos aún por tratarse de una apacible jornada en que no había fenómenos climáticos capaces de dañar una estructura de este tipo.
Descartándose la intervención de la naturaleza, entonces surgen otras hipótesis, incluso más devastadoras y perjudiciales que la anterior: la corrupción y la desidia en las administraciones públicas en el cumplimiento de sus funciones, que en este caso específico le compete a la Municipalidad de Lambaré, administrada por Roberto Cárdenas desde hace ya diez años, y apunta a otros cinco en los comicios de noviembre.
El informe final de la Contraloría General de la República sobre la Verificación Técnica "In Situ" de las obras ejecutadas por la Municipalidad de Lambaré con fondos provenientes de la Ley N° 4758/12, Proyectos Fonacide – años 2012 y 2013, realiza un pormenorizado resumen de la utilización de recursos destinados por la comuna lambareña, que contempló una evaluación de siete colegios beneficiados, entre ellos el Colegio Nacional de Lambaré, tarea que fue acompañada por responsables del municipio.
El apartado "C", correspondiente a la Fiscalización de Obras y el Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y la Calidad de las Obras, expresa taxativamente que un municipio a través de su dirección de obras es el órgano encargado de la fiscalización de la misma, emitir un informe final de los trabajos ejecutados, así como el control de cantidad y calidad durante la ejecución de las tareas. Por ende, las atribuciones de la Municipalidad de Lambaré se extienden mucho más allá de contratar a una constructora y realizar el acto de inauguración con bombos y platillos una vez concluida.
El acuerdo suscrito por el propio municipio y las instituciones beneficiadas obliga a la Comuna a acompañar el antes, el durante y el después, fiscalizando la calidad de los materiales a ser utilizados y velando por el cumplimiento de las normas de seguridad en la construcción. “La falta de una correcta fiscalización permitió el pago por obras no ejecutadas o realizadas en menor cantidad y/o calidad”, expresa parte del extenso informe.
Ya en una verificación tras el lamentable episodio, el contralor interino Roy Rodgers afirmó tajantemente que sin ser especialista puede notarse la negligencia en la construcción, posiblemente atribuida al constructor o al fiscalizador, o directamente a ambos estamentos; no obstante, se aguarda una pericia más profunda para confirmar o desechar la hipótesis del funcionario.
En su descargo, Cárdenas sindicó primero al Colegio Nacional de Lambaré como responsable de contratar a la empresa ADC Construcciones, luego al Ministerio de Educación como receptor del proyecto, y confirmó incluso que hubo acompañamiento municipal durante las verificaciones anteriormente señaladas por la Contraloría. Por otro lado, intentó desestimar su responsabilidad alegando que lo salpican por una cuestión electoral, en el marco de la campaña proselitista para los comicios de noviembre próximo.