La apertura de un juicio político a Rousseff con el fin de su destitución fue aprobado el domingo en Brasil por 367 votos a favor y 137 en contra en la Cámara de Diputados y, para que prosiga, solo necesita del respaldo de la mayoría simple en la Cámara alta: 41 de los 81 senadores.

“(Paraguay) observará con atención el desenvolvimiento de dicho procedimiento, absteniéndose de divulgar declaraciones de apoyo a los involucrados”, señaló a través de un comunicado Alfonso González Núñez, presidente de la delegación de Paraguay en el Parlasur, institución que tiene su sede en Montevideo.

Además, la representación paraguaya en esa cámara regional eludirá “sugerir la aplicación de las pautas comunitarias que preservan el sistema democrático en la zona”, sostuvo González.

Así, el parlamentario alegó que el derecho internacional y las leyes de los países de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) “estipulan taxativamente los principios universales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera en los asuntos internos”.

“Específicamente cuando los conflictos, por más severos que fueren, se solventan en el marco de la aplicación de las garantías constitucionales, el reconocimiento de la legitimidad de la defensa en juicio, y la observancia del debido proceso”, aseveró González.

Por ello, invitó a los líderes del Mercosur -bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- y a sus representantes en el Parlasur a “contemplar con suma atención, pero sin inmiscuirse, el desarrollo de la causa y la dirección que van tomando los acontecimientos”.

Estos, en su opinión, y “conforme a informaciones fidedignas, avanzan en consonancia con las previsiones reglamentarias vigentes”, señaló.

El titular de la delegación de Paraguay reiteró que las discrepancias domésticas “tendrán que ser zanjadas en casa” y que el Mercosur prosigue normalmente con su rutina programada.

Por último, González recordó el juicio político que el Parlamento paraguayo emprendió en 2012 contra el entonces presidente Fernando Lago, que acabó con su destitución y que a la postre motivó que la suspensión del país por parte del Mercosur.

“Se excluyó a Paraguay (del Mercosur) sin conferirle el mínimo margen de salvaguardar y justificar su posición, tal cual lo prescribe el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”, concluyó el parlamentario regional.