Un grupo de funcionarios del Servicio Nacional  de Saneamiento Ambiental (Senasa) y representantes de Juntas de Saneamiento se movilizaron esta mañana frente a los ministerios de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas en protesta por el proyecto de ley que pretende anexarlos a la Dirección de Agua y Saneamiento (Dapsan), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto se presentó la semana pasada al Parlamento para su estudio correspondiente y fue girado a comisión.

Los funcionarios y representantes de las proveedoras de agua potable en localidades del interior se oponen al proyecto de ley porque consideran una amenaza, dado que están regidas por la Ley 369/72, que si se aprueba el proyecto de ley quedará derogada.

Nosotros creemos que el sector necesita una reorganización, pero no de esta manera, puesto que todo proyecto debe estar consensuado, y este no fue consultado a la institución, señaló Sara López, titular del Senasa.

Considera que el proyecto solo hará que cambien de institución. Ahora dependen administrativamente del Ministerio de Salud, y cuando se apruebe, pasarán a depender del MOPC.