Rodolfo Valentino Torales, uno de los malvivientes detenidos el jueves luego de una persecución dentro del predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), había sido condenado en 2008 por un caso de abuso sexual ocurrido en 2006. El hombre debía cumplir 14 años de prisión; sin embargo, fue beneficiado con la libertad condicional hace un par de meses y ya volvió a incurrir en varios delitos: entre éstos es señalado como supuesto autor de un nuevo abuso y acusado de formar parte de una gavilla de asaltantes.
La medida fue otorgada en agosto del año pasado por el juez Édgar Martínez Paniagua, de la circunscripción judicial de Guairá. En primer momento, el magistrado dijo a Radio ABC Cardinal no haber sido el responsable de que Torales se encontrara nuevamente en libertad varios años antes de cumplir con la condena que le había sido impuesta. “No tengo conocimiento de ese expediente; yo no le di ninguna libertad. Al menos no conozco”, afirmó en conversación con la 730 AM.
Minutos más tarde, el mismo Martínez Paniagua se comunicó con la producción del programa Periodísticamente para confirmar que efectivamente había sido él quien otorgó la libertad condicional a Torales. El magistrado indicó que la medida había sido otorgada el 7 de agosto de 2015, debido a que el hombre ya había cumplido las dos terceras partes de su condena y que reunía otros requisitos como buen comportamiento y no contar con otros antecedentes.
“Lo que pasa que el juez está obligado a hacer lo que dice la ley; yo no le puedo negar a una persona su libertad. Ese era su único antecedente”, insistió varias veces Martínez Paniagua, escudándose en que el Código de Ejecución lo obligaba a otorgarle la libertad condicional al malviviente. Sin embargo, el otorgamiento de la libertad condicional no es una obligación de los jueces sino una atribución, por lo que la concesión o no de las mismas depende del análisis de los magistrados.
Cuando se le señaló que, luego de salir libre, Torales volvió a incurrir en nuevos delitos, Martínez Paniagua indicó: “Eso yo no puedo adivinar. El juez está dentro del marco jurídico que establece el Código. Cuando una persona reúne ciertos requisitos, el juez está obligado”. Dijo entender la preocupación por la situación, atendiendo a que la sociedad se encuentra desprotegida, pero siguió justificando su decisión señalando que el hombre ya había compurgado las dos terceras partes, tenía buena conducta, informes psicológicos y su antecedente judicial único. “Lo que pasó ya pasó y uno no puede saber”, sentenció.