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Nombran como Juez a cuestionado actuario

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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Mario Brítez Ruiz Díaz, presuntamente implicado en el extravío de expediente y carpeta de investigación sobre el caso de incautación de marihuana a un concejal de Curuguaty, ahora fue nombrado como Juez de Salto del Guairá.

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Brítez Ruiz Díaz se desempeñaba como actuario cuando se produjo la llamativa desaparición del expediente sobre la confiscación 224 kilos de marihuana que estaba en poder del actual concejal municipal de Curuguaty, Pablo Jara González.

El actuario fue designado recientemente como juez de la ciudad de Salto del Guairá, que estaba a cargo del exjuez de Curuguaty, José Benítez (actualmente cumple función en Villarrica-Guairá), quien también tuvo una actitud cómplice, según la apreciación del fiscal Vicente Rodríguez Barreto.

El Código de Organización Judicial habla de los secretarios de jueces, en su inciso K; “custodiar el sello de los Juzgados o Tribunales, así como los documentos y expedientes que tuvieren a su cargo, siendo responsables de su pérdida, uso indebido, mutilación o deterioro”, por lo que el funcionario y actual magistrado, además de Benítez, deberán ser objeto de sumario e investigación.

El nuevo fiscal de Curuguaty, Vicente Rodríguez Barreto, había rechazado de sobremanera el sobreseimiento definitivo planteado por la defensa del presunto narcotraficante, por las graves irregularidades existentes. El fiscal argumentó que el expediente judicial y la carpeta fiscal se habían “perdido”, por lo que no corrieron los plazos procesales. El expediente, sin embargo, llamativamente fue reconstruido como si nada hubiera pasado por el juez Carlos Martínez.

Rodríguez Barreto cuestionó con dureza al entonces juez de Curuguaty, José Benítez, actual juez de Villarrica, y a su actuario Mario Brítez, nuevo juez de Salto del Guairá, quienes habrían actuado en complicidad para favorecer al presunto “marihuanero”, quien actualmente goza de la libertad impunemente.

En el marco de la investigación, el juez Benítez en tres años y ocho meses ordenó una sola providencia, pero fue como una burla porque no fijó la fecha de la audiencia preliminar como lo había requerido la Fiscalía. Jara González es considerado brazo derecho de la diputada colorada Cristina Villalba de Abente y del gobernador de Canindeyú Alfonso Noria Duarte (ANR).

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