Esta es la novena vez que se suspende la audiencia preliminar en que se debe definir si afronta o no juicio oral y público.
Esta vez, la audiencia fue suspendida porque uno de los acusados, el ex gobernador interino Emigdio “Milo” Benítez, recusó al fiscal de la causa, Martín Cabrera, bajo el cargo de imparcialidad, un recurso muy anodino utilizado para chicanear la audiencia. La nueva fecha fue fijada para el 22 de febrero del año entrante en la gobernación local.
De acuerdo con la acusación del fiscal de Delitos Económicos, Martín Cabrera, durante la gestión de Óscar Núñez se desviaron G. 30.000 millones mediante la expedición de 900 cheques que fueron cobrados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y que no cuentan con documentos respaldatorios.
Otras 40 personas, entre ellas el actual candidato a gobernador cartista, Rubén Roussillón Blaires, y en su mayoría funcionarios de la gobernación de ese entonces y parientes del legislador, estuvieron incluidas en el proceso penal y se allanaron a salidas alternativas mediante la aceptación de los cargos. Muchos de los involucrados cobraron los cheques de la gobernación y luego entregaron los montos al propio Núñez.
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El modus operandi fue demasiado burdo porque no existe ni un solo documento que justifique el destino de los G. 30.000 millones cobrados en el BNF.
El diputado colorado soporta otras dos causas por lesión de confianza y dilata ambas. Una tiene que ver con el desvío de G. 905 millones, fondos para la emergencia hídrica de comunidades indígenas y otra con el daño de G. 1.050 millones del programa “Una computadora por niño”.