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Novena chicana de Quesnel aplaza juicio

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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Rubén Quesnel, extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), y los demás acusados consiguieron nuevamente zafar del juicio oral y público por lesión de confianza que debió iniciarse en el año 2015. Nuevamente, los abogados están en la mira.

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En esta oportunidad, Antonio Granada, uno de los abogados de Marlene Mendoza, exadministradora del Indi, presentó su renuncia momentos antes de que arranque el juicio, mientras que su otra abogada comunicó que no se presentaría, ya que fue a Colombia para participar de una jornada con la Federación de Abogados, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.

Se trata de la novena suspensión del inicio del juicio por lesión de confianza y estafa que soportan Quesnel, Mendoza, el funcionario Éver Otazo y Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par.

El lunes, Quesnel, en el octavo intento de que se realice el juicio, decidió oportunamente cambiar de abogado, con lo que consiguió aplazarlo para hoy, que fue nuevamente pospuesto gracias a la artimaña de los representantes legales.

“Desde el año pasado denunciamos esta situación; hemos señalado que todas las presentaciones son meramente dilatorias. Hay que recordar que hemos sido recusados todos los fiscales, en otra ocasión el tribunal de sentencia y en otra el tribunal de apelaciones. Es decir, como lo hemos sostenido en esta audiencia, hay un ejercicio abusivo del derecho”, reprochó el fiscal del caso, René Fernández.

Atendiendo a esta nueva chicana, el representante del Ministerio Público pidió que se dicten sanciones disciplinarias ejemplares a los abogados. “La causa ya esta en condiciones de ser debatida en juicio hace dos años y no puede ser presentada”, lamentó.

En el juicio se debe resolver el retiro irregular de G. 3.127.191.812 de dos cuentas que el Indi tenía en el Banco Nacional de Fomento (BNF). El retiro fue realizado en cinco operaciones distintas entre el 11 de enero y el 6 de febrero del año 2013, durante la administración de Quesnel. El dinero correspondía a las comunidades Saehoyamaxa y Yakye Axa, en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005 y 2006).

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